El Consejo Directivo del INTA oficializó la expulsión definitiva de la investigadora Virginia Aparicio tras el sumario iniciado por su trabajo en el Proyecto SPRINT, que reveló la presencia de agrotóxicos en el cuerpo humano y en el ambiente. La científica emitió un duro descargo donde advierte que se busca un disciplinamiento ejemplar para la ciencia pública.
Meses después de encenderse las alarmas en la comunidad científica y académica, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio, a través de la Resolución 366/368. La medida drástica dictamina su salida definitiva de la administración pública nacional y la inhabilita de por vida para ejercer cargos en el Estado.
La sanción llega tras su rol como coordinadora en el país del Proyecto SPRINT, una iniciativa financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Los resultados de dicho estudio revelaron la presencia de complejas mezclas de plaguicidas -entre ellos, glifosato y clorpirifos- en muestras de sangre, orina, aire, agua y alimentos del sudeste bonaerense.
Mientras que los equipos de investigación internacionales visibilizaron el impacto socioambiental de los agrotóxicos, la respuesta del Estado argentino consistió en retirar al país del proyecto, suspender las presentaciones públicas de los datos e iniciar un sumario que culmina con la máxima pena punitiva prevista para una agente pública, bajo el argumento de “conductas incompatibles” y supuestas irregularidades procedimentales en la gestión de fondos, pese a que la propia resolución reconoce que no existió enriquecimiento ni beneficio patrimonial personal.
El descargo de Aparicio: “La ciencia pública no existe para confirmar lo que queremos escuchar”
Luego de conocerse la confirmación de su exoneración, Virginia Aparicio rompió el silencio con declaraciones contundentes que desnudan el trasfondo político de la decisión institucional: “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”, sostuvo tajante en diálogo con Página/12.
Asimismo, en su carta abierta a la comunidad, enfatizó sobre la función social y soberana de la investigación científica frente a los intereses corporativos: “La ciencia pública no existe para confirmar lo que queremos escuchar. Algunas respuestas tranquilizarán, otras exigirán revisar prácticas. La posibilidad de incomodar no es una falla de la ciencia: es una condición de su independencia”.
La ingeniera agrónoma e investigadora advirtió que el fallo administrativo busca blindar a los agronegocios a costa de la salud pública, castigando a quienes deciden aportar evidencias empíricas incómodas para los sectores de poder corporativo. La defensa de la científica confirmó que la vía administrativa quedó agotada y evalúa los pasos a seguir para llevar el caso a la Justicia, en un escenario donde universidades nacionales, gremios del sector y diversas organizaciones socioambientales no han parado de expresar su repudio y solidaridad.