La científica Virginia Aparicio, investigadora del INTA, enfrenta la expulsión del Estado tras liderar la rama argentina del proyecto europeo SPRINT. El estudio evidenció la presencia alarmante de mezclas de agroquímicos en el cuerpo humano y en el ambiente.
El sistema científico y universitario nacional se encuentra en estado de alerta tras el avance del proceso administrativo que busca la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e investigadora independiente del Conicet.
La exoneración representa la máxima sanción disciplinaria dentro de la Administración Pública Nacional, ya que implica la expulsión definitiva del organismo y la inhabilitación para volver a ejercer cargos. Para una investigadora con más de dos décadas de trayectoria pública, significa el cierre total de las puertas del sistema científico estatal.
El conflicto institucional escaló a partir del trabajo de Aparicio como coordinadora del caso de estudio argentino dentro del proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Argentina fue el único país seleccionado fuera del continente europeo para integrar esta evaluación global.
Los resultados recolectados por SPRINT en Argentina arrojaron evidencias cuantitativas altamente preocupantes sobre la exposición a agroquímicos:
- Glifosato en personas: se detectó la presencia de glifosato en el 86,1% de los voluntarios argentinos muestreados (frente al 35,2% registrado en la población evaluada en Europa).
- Muestras digestivas y heces: en las muestras de materia fecal de los bonaerenses analizados, la presencia de glifosato alcanzó el 100%.
- Presencia de insecticidas prohibidos: se halló clorpirifos en el 37,7% de los argentinos analizados, mientras que en Europa solo se registró un 3,7%.
- Acumulación en viviendas y alimentos: el estudio detectó rangos de 43 a 86 plaguicidas en el polvo del interior de las viviendas, así como entre 6 y 22 plaguicidas en los alimentos analizados.
Estos hallazgos confirmaron que la población no está expuesta a sustancias aisladas, sino a mezclas de plaguicidas en agua, aire, alimentos y organismos biológicos, cuyos impactos integrales en la salud no son evaluados adecuadamente por las normativas vigentes.
Cuando correspondía difundir de manera transparente estos avances, el INTA decidió suspender las presentaciones, retirar al país del proyecto mediante resolución interna y abrir las actuaciones disciplinarias contra la investigadora.
Lo que dice la defensa: “Un sumario plagado de irregularidades”
El abogado defensor de la científica, Mario Bolla, advirtió públicamente que el sumario tramitado dentro del INTA carece de fundamentos jurídicos sólidos y busca sentar un “efecto disciplinador” contra la libertad de investigación. Según detalló, se acusa a Aparicio por supuestas faltas administrativas derivadas del cumplimiento de sus tareas científicas, solicitando una medida desproporcionada que no se aplica ni en los casos más graves dentro del empleo público.
La instrucción del expediente avanzó rechazando instancias de defensa y cuestionando la difusión de datos científicos sobre el uso de agroquímicos, lo que constituye un grave antecedente de censura previa e injerencia institucional en la labor académica. Actualmente se presentaron descargos, recursos jerárquicos e impugnaciones ante las autoridades del organismo público, al tiempo que se evalúan acciones judiciales en los tribunales federales por violación de derechos constitucionales y de la libertad científica.
“No le perdonan que tenga en su poder los resultados que el gobierno no quiere mostrar. No lo quería mostrar el gobierno anterior que se iba, no lo quiere mostrar este gobierno actual”, aseguró Bolla en conversación con EcoNews.
A su vez, señaló: “El polvo que juntaron daba que había presencia de pesticidas y agroquímicos en gente que vivía en el centro de Mar del Plata, en el centro de Necochea, en el centro de Balcarce, es decir, no era solamente la gente que vivía al lado de donde fumigaban: está en el aire. Hay un perjuicio potencial y real en la salud de los habitantes del sudeste bonaerense”.
Impulsan un petitorio en defensa de Aparicio
Frente a la inminencia de la medida disciplinaria, la iniciativa de juntar firmas mediante el petitorio público fue impulsada y coordinada por el sindicato de trabajadores del organismo (APINTA), junto con ATE Conicet, redes de científicos y científicas independientes, asambleas socioambientales, entidades académicas y organizaciones en defensa de la salud de los pueblos.
Bajo la consigna “No a la exoneración de Virginia Aparicio”, la campaña busca frenar el dictamen en el Consejo Directivo del INTA y exige el pleno respeto al debido proceso y a la independencia del conocimiento público. Las personas interesadas en sumar su firma deben completar el formulario online.