Por Karina Insaurralde. Licenciada en Educación.
En el año 2017, la dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos aires (DGCyE) dictó la resolución 1664, que dota de un marco de legalidad a los proyectos de inclusión educativa en las escuelas de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión pública como privada. Esta normativa sigue los lineamientos de la Ley Nacional de Educación, por la que niños, niñas y adolescentes de nuestro país tienen garantizado el ingreso, permanencia y egreso de las escuelas argentinas.
El camino recorrido en estos años no estuvo libre de obstáculos. Muchas veces las familias peregrinan de escuela en escuela buscando un espacio donde “se sientan parte”. Sin embargo, también podemos ver historias de éxito y docentes que eligen formarse para alojar a la diversidad.
Pero en este camino de idas y vueltas, de pérdidas y ganancias, nunca nos habíamos encontrado con un obstáculo tan grande como el que hoy nos desafía.
La discapacidad está en emergencia en todo el territorio argentino. Los centros terapéuticos y profesionales independientes en los que niños, niñas y adolescentes con discapacidad reciben sus terapias, están viviendo una situación inédita. En diciembre de 2024 se dictó el último aumento del nomenclador que regula los aranceles de este tipo de prestaciones en todo el país. En lo que va del 2025 no sólo no hubo aumentos en el nomenclador, sino que muchos centros y terapeutas no cobran desde hace meses.
La Lic. Verónica Gomez (terapista ocupacional) lo dice muy claro: “Trabajamos con todo el amor a nuestros pacientes, pero la situación es insostenible. Muchos centros están cerrando porque no pueden pagar el alquiler”.
¿Qué relación tiene esta emergencia con nuestras escuelas? La respuesta es tajante: una relación directa que ocasiona un problema grave. En primer lugar, si nuestros y nuestras estudiantes no reciben la atención adecuada para poder superar las barreras que enfrentan día a día, sus posibilidades de acceder a una educación en las mismas condiciones que sus pares se ven descendidas.
Por otra parte, el papel de las Acompañantes Externas (AE) en nuestras aulas es de gran importancia. La Resolución 1664/17 hace énfasis en la importancia de “generar instancias de cooperación, trabajo colaborativo y complementariedad con los profesionales externos al Sistema Educativo que realicen acompañamientos a la persona con discapacidad, los cuales se rigen por la normativa vigente. Dicho aporte no implicará condicionamiento a la decisión por parte de la institución educativa de desarrollar tal o cual acción o estrategia educativa, sino que tiene el carácter meramente orientativo o consultivo”. En muchos casos, ante la falta de formación en discapacidad de los y las docentes, contar con esta figura de apoyo es de vital importancia y, además, es un derecho inalienable de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
La situación de los y las AE es compleja desde hace tiempo, por lo que muchos profesionales no aceptan inclusiones de módulo completo (lunes a viernes) desde hace tiempo, pero este año la situación es insostenible (el módulo Maestra de Apoyo del Nomenclador Nacional es de $307.654,34 desde 2024). La demora en los pagos de hasta seis meses, con un monto que queda bajo la línea de pobreza incluso trabajando dos turnos, hizo que muchos acompañantes terapéuticos tuvieran que buscar otro tipo de trabajos. Esto motivó que muchos niños se quedasen sin este apoyo fundamental.
En definitiva, la emergencia en discapacidad no es sólo algo que atañe a los profesionales y las familias, sino que influye negativamente de forma directa en nuestras aulas.
Esta semana se tratará en el Senado la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya tiene media sanción en Diputados, y de su aprobación depende que esta grave situación se revierta. Familias, profesionales y escuela debemos unirnos en este reclamo porque, en definitiva, pensar un futuro mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes implica alzar la voz. La discapacidad está en emergencia, y el futuro también.