La reciente agresión a la directora de una institución educativa expuso la vulnerabilidad de las escuelas frente a la crisis social. Claudia Rey, secretaria general de ATE Mar del Plata, analizó el hecho, advirtió sobre la falta de respuestas del municipio y expuso el estado de los trabajadores estatales en un contexto de desfinanciamiento.
A raíz del grave episodio de violencia registrado en el Jardín de Infantes N° 922 de Mar del Plata, donde la directora del establecimiento sufrió una agresión física por parte de la madre de una alumna, se desprende una conclusión fundamental: las instituciones escolares actúan actualmente como una caja de resonancia de una sociedad en plena crisis.
El incidente, que requirió intervención policial, derivó en un cese de actividades y una marcha hacia el municipio, reabrió el debate sobre el rol de las instituciones educativas y la contención del Estado. En un análisis del contexto, Claudia Rey, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata, brindó precisiones sobre lo ocurrido y trazó un duro panorama sobre la realidad política, económica y de infraestructura que atraviesa la ciudad.
Ante la gravedad del hecho violento, la comunidad educativa tuvo que organizarse de manera inmediata. Mediante asambleas improvisadas y mensajes de WhatsApp a altas horas de la noche, el frente de gremios estatales convocó a una marcha para denunciar públicamente la situación. Frente a este escenario, los sindicatos y la Jefatura Distrital pusieron en marcha el protocolo del acuerdo paritario de resguardo y reparación docente.
Sin embargo, para Rey, este no fue un hecho completamente aislado, sino el síntoma de una problemática mayor: «La escuela termina siendo un emergente de lo que pasa en nuestra sociedad. Hoy, con la situación social y la falta de respuesta del Estado, la escuela es el actor que enseguida te va a dar respuesta. Te recibe alguien, te escucha, intenta ayudarte si te faltan alimentos, y es ahí donde se termina descargando la frustración».
La referente sindical contrastó esta vulnerabilidad con la de otros organismos estatales como PAMI o ANSES, que cuentan con personal de seguridad o presencia policial, algo que en las escuelas no ocurre, aunque aclaró que tampoco consideraría adecuado tener un patrullero en la puerta.
Por otro lado, el estado edilicio de las escuelas fue otro de los puntos críticos abordados. Rey reconoció que la Provincia de Buenos Aires viene realizando trabajos de mantenimiento, pero apuntó duramente contra la gestión del intendente de General Pueyrredón por no utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo para socorrer a los establecimientos bonaerenses a los que asisten niños marplatenses.
Además, subrayó que el problema excede a las paredes de los colegios e involucra al entorno urbano, con calles intransitables que dificultan el acceso a las instituciones los días de lluvia y la falta de servicios básicos como el gas y el agua potable, especialmente en los barrios de la zona sur. En este sentido, criticó el alineamiento del municipio con la política nacional de «déficit cero», lo que, según Rey, se tradujo en un abandono de funciones esenciales como el mantenimiento de las calles, el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el control del transporte público.
Asimismo, la situación del complejo turístico estatal de Chapadmalal también generó preocupación. Mientras el municipio enfoca sus reclamos en la administración de Punta Mogotes, el futuro de los hoteles sociales pende de un hilo.
ATE confirmó que recientemente se logró la continuidad contractual de un grupo de trabajadores por el plazo de seis meses, pero advirtieron que el escenario sigue siendo de total agonía. La dirigente sentenció que no se puede simplemente cerrar las puertas, ya que eso dejaría las instalaciones a merced del abandono y el vandalismo. Además, recordó que el funcionamiento de los hoteles contribuía enormemente a la economía regional y permitía que muchas personas conocieran el mar gracias a políticas de turismo social que la actual gestión nacional desprecia.
En el marco de la reciente celebración del Día del Trabajador Estatal, la secretaría general trazó un balance de la situación salarial y laboral de los empleados públicos, marcando una clara diferencia en las negociaciones según la jurisdicción. Mientras que en la provincia se mantiene el diálogo para mejorar las condiciones estructurales, a nivel nacional el sindicato denuncia una imposición unilateral.
En cuanto a los números de la paritaria, la dirigente sindical detalló que a nivel nacional el gobierno impuso una oferta de un 6,6% de aumento más un bono de 50.000 pesos, la cual fue rechazada por ATE debido a la imposibilidad de debatir ante la falta de interlocutores. Por el contrario, en la jurisdicción provincial, donde se acordó un aumento del 9% general y un 10% para los docentes, la paritaria se mantuvo abierta. Aunque el incremento fue considerado bajo por los gremios, Rey destacó que esta instancia permitió continuar negociando condiciones laborales fundamentales, como el pase a planta permanente para evitar futuras precarizaciones.
«Nosotros tenemos una premisa: mi trabajo son tus derechos», concluyó Rey. «A pesar de las políticas de desfinanciamiento y quite de derechos que aplica el gobierno nacional, seguimos resistiendo, defendiendo los puestos de trabajo y, fundamentalmente, las políticas públicas que son la razón de ser de nuestra labor diaria».