La seccional General Pueyrredon del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) expresó su “repudio y profunda preocupación” por un hecho de violencia ocurrido este miércoles durante la movilización en defensa de la educación pública, que tuvo lugar en el centro de Mar del Plata.
Según denunciaron desde el gremio docente, un colectivo del transporte público avanzó de forma peligrosa sobre una columna de manifestantes, poniendo en riesgo la integridad física de quienes se encontraban participando de la jornada de protesta. En particular, señalaron que un delegado del sindicato fue el más afectado por la maniobra del chofer, mientras intentaba organizar el desplazamiento de la marcha.
“De manera intempestiva, el vehículo avanzó, atentando contra la integridad física del docente y del resto de los manifestantes, quienes ejercían su derecho a protestar pacíficamente en la vía pública”, indica el comunicado emitido por la organización gremial.
Desde Suteba vincularon lo sucedido con un clima de hostilidad creciente hacia el sector educativo, alentado por los discursos oficiales tanto a nivel nacional como local. “El ataque a los sectores que manifiestan disenso, desde una perspectiva deshumanizante y maniquea por parte de los gobiernos nacional y local, genera un efecto violento en quienes reciben esos mensajes cargados de odio, violencia y crueldad”, denunciaron.
La crítica se dirigió también al intendente Guillermo Montenegro, a quien acusaron de “amplificar” los discursos estigmatizantes que promueve el presidente Javier Milei. “Frente a los discursos de odio promovidos por el gobierno nacional -amplificados por el Intendente de nuestra ciudad cuando se expresa en los medios estigmatizando a quienes reclaman- reafirmamos que defenderemos siempre la democracia, la libertad de expresión, la participación ciudadana en el espacio público, el derecho social a la educación y el derecho a enseñar y aprender”.
Finalmente, el sindicato exigió a las autoridades municipales que tomen medidas para garantizar la seguridad de las movilizaciones y el ejercicio del derecho a la protesta, tal como lo establece la Constitución Nacional.