El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de Zonas Escolares Seguras, que tiene como objetivo generar una red de protección que mejore la seguridad en las inmediaciones de los establecimientos educativos para estudiantes, docentes, auxiliares, comerciantes y padres.
La ordenanza se debatió este jueves en el recinto del Honorable Concejo Deliberante y se aprobó por unanimidad, con la presencia de gremios docentes y comunidades educativas. Esta iniciativa, impulsada por el Frente de Todos, tiene como objetivo generar una red de protección que mejore la seguridad en las inmediaciones de los establecimientos educativos para estudiantes, trabajadores y padres.
Vito Amalfitano, concejal del frente opositor, subrayó que la norma institucionaliza las zonas educativas seguras, por lo que no la limita a un gobierno. Esto se debe a que el Municipio viene implementando corredores seguros, los cuales alcanzan a 56 comunidades educativas entre jardines, primarias y secundarias, incluido también el Complejo Universitario Manuel Belgrano.
Al respecto, el presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, agradeció que “una herramienta que el Intendente viene impulsando hace un año y medio sea reconocida” por la oposición. En la ordenanza quedó establecido que la autoridad de aplicación del programa “será la Secretaría de Seguridad del Partido de General Pueyrredon que trabajará de forma articulada con la jefatura de Estación Departamental de Seguridad”.
El texto también detalla que la aplicación “se realizará de forma gradual, de acuerdo a los requerimientos de los establecimientos educativos, familias de cada comunidad educativa y el Foro de Seguridad Municipal, que realizarán la petición en la Secretaría de Seguridad local”. En cuanto a la diagramación de las “Zonas”, las mismas deberán abarcar los recorridos más transitados a los establecimientos educativos, las paradas de colectivo, calles con comercios y puntos de interés como espacios públicos.
Entre sus últimos puntos, el despacho establece que la Secretaría también deberá elaborar un informe mensual del programa a través del “Centro de Análisis Estratégico del Delito”, y que el Gobierno deberá garantizar el funcionamiento de cámaras de seguridad en los puntos estratégicos abordados por la política.