A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó el artículo 10° de la Ley de Financiamiento Educativo y eliminó la participación del Estado nacional en la negociación del salario mínimo docente.
El Decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece una modificación en el artículo 10° de la Ley de Financiamiento Educativo -N° 26.075- y elimina la participación del Estado nacional en la negociación del salario mínimo docente. La norma argumenta que, en el marco del sistema federal de gobierno y con la participación del Consejo Federal de Educación, “deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación en dicha negociación”.
A su vez, señala que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son “empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos”, por lo que corresponde que las jurisdicciones participen de las negociaciones, a través del Consejo Federal de Educación. Sin embargo, la modificación establece que la cartera educativa del Ministerio de Capital Humano “podrá refrendar el Convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.
Dicho programa fue creado por el artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo y establece que el Poder Ejecutivo nacional, con la participación del Consejo Federal de Educación, fijará criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de los recursos determinados en el artículo 4°.
Por otro lado, el texto de la norma señala esta medida como parte de las políticas de desregulación impulsadas por el Estado nacional: “En este sentido, se busca reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública, priorizando la eliminación de funciones redundantes o de escaso impacto en el interés general, asegurando así un uso más eficiente de los recursos”.
Ante esto, desde Ctera expresaron su repudio y exigieron la “derogación inmediata” del decreto. “Desde su sanción, el artículo 10° garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todas las y los docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los sindicatos nacionales. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad”, declararon.
En la misma línea, afirmaron: “Ctera no permitirá este atropello. Convocamos a todas las organizaciones sindicales, a las comunidades educativas y a la sociedad en su conjunto a defender la educación pública y el rol del Estado como garante de la educación pública y equidad federal”.