Por iniciativa conjunta de la Escuela de Gobierno y Administración Pública (EGAP) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, espacio impulsado por el Obispado local, el lunes 30 de junio se realizó una disertación abierta en la sala Silvia Filler del Rectorado que puso en cuestión los discursos dominantes sobre narcotráfico y consumos problemáticos.
Bajo el título “Territorios en disputa: frente al discurso que margina, la respuesta que humaniza”, la actividad convocó a especialistas provenientes de distintos ámbitos para compartir miradas situadas y experiencias concretas. Disertaron el juez Juan Tapia, la investigadora Karina Conde y la directora de la EGAP, Mónica Biasone, quienes coincidieron en la urgencia de abandonar el enfoque punitivista y avanzar hacia políticas integrales, con eje en la prevención, el acompañamiento y la restitución de derechos.
Durante la apertura, Biasone interpeló el sentido común que suele rodear el abordaje estatal del narcotráfico: “Cuando hablamos de lucha contra el narcotráfico, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Generalmente, pensamos en fuerzas de seguridad incautando cocaína y deteniendo a alguien. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué no hicimos para llegar a esta situación?”, señaló.
Desde su perspectiva, la clave está en recuperar los lazos comunitarios que la exclusión sistemática rompió: “La lucha contra el narcotráfico empieza en los barrios. No se trata solo de una batalla judicial o policial, sino de un trabajo integral y sostenido”, sostuvo, y resaltó el carácter interdisciplinario de la propuesta: “Invitamos a un juez porque hay normativas que se aplican, y queremos saber cómo se deciden esas aplicaciones. Trajimos a una investigadora porque necesitamos datos reales del territorio. No se puede combatir una problemática que no se conoce”.
El juez Juan Tapia, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, aportó una mirada crítica sobre el rol del sistema penal frente a los consumos problemáticos: “Está atravesado por el castigo, por la cárcel como amenaza de pena”. A su juicio, la respuesta institucional predominante no sólo es ineficaz, sino que termina profundizando la exclusión de quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables.
Tapia remarcó la fragilidad del sistema de salud pública en la ciudad y en la Provincia, y denunció que son las organizaciones sociales, los clubes y las instituciones barriales quienes terminan sosteniendo las redes de contención: “Muchas familias golpean puertas buscando ayuda, y muchas veces quienes las atienden no son actores estatales”. En ese sentido, defendió la necesidad de abrir instancias de diálogo entre el poder judicial y la comunidad, como modo de acercar soluciones más justas y democráticas.
Desde la investigación académica, Karina Conde, docente de la Facultad de Psicología e integrante del proyecto “Avances en la evaluación del consumo de sustancias psicoactivas”, compartió datos obtenidos en estudios locales que revelan la profundidad de la desigualdad social en relación a los consumos.
Expuso el concepto de “paradoja del daño”, que describe cómo las consecuencias del consumo son más graves en los sectores más vulnerables, incluso cuando la cantidad consumida es similar a la de sectores medios o altos: “Dos personas pueden consumir lo mismo, pero si una tiene menos recursos, está más expuesta a los riesgos”, explicó.
Hizo mención también a una investigación de 2020 sobre pacientes con lesiones vinculadas al consumo de sustancias y otro estudio sobre los efectos del alcohol previo al embarazo, en ambos casos con resultados que evidencian inequidades estructurales. “Siempre corremos por detrás del mercado. Necesitamos reforzar la investigación para saber qué está ocurriendo y cómo podemos ayudar a tiempo. Una vez que la persona ya accedió a la sustancia o ya se lesionó, llegamos tarde”, advirtió.
A lo largo de la jornada se reiteró una convicción común: ni el narcotráfico ni los consumos problemáticos pueden abordarse exclusivamente desde la lógica de la represión. Tapia señaló que muchos jóvenes de bajos recursos consumen sustancias de pésima calidad, lo que agrava los daños físicos y sociales y suele derivar en situaciones de calle y expulsión familiar. “Esas situaciones se agravan en contextos de vulnerabilidad extrema, y ahí es donde el sistema penal fracasa al responder solo con castigo”, puntualizó.
Conde, por su parte, sostuvo la necesidad de diseñar políticas de reducción de daños claras, específicas y evaluables: “No basta con poner un cartelito que diga ‘consumí con moderación’. Lo que para vos es moderado, para mí puede ser otra cosa. Las políticas deben ser eficaces y adaptadas a las realidades concretas”.
Biasone cerró la jornada con una apelación directa a la responsabilidad estatal: “Esta situación es la consecuencia de todo aquello que el Estado no hizo. Tenemos que empezar a tomar decisiones que estén a la altura de lo que necesita la comunidad marplatense”.