Con 57 votos afirmativos, 10 negativos y 1 abstención, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales. Desde Adum advierten que si el Presidente decide vetarla, habrá una nueva Marcha Federal.
Luego de la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados a mediados de agosto, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, con 57 votos afirmativos, 10 negativos y 1 abstención. Según detalló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de 0,14% del PBI, por lo que resta ver si el presidente, Javier Milei, vetará la medida, tal como ocurrió con la reforma jubilatoria.
El texto aprobado encomienda al Poder Ejecutivo a “actualizar al 1 de enero de 2024 el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales por la variación anual del año 2023 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”. A su vez, plantea una actualización bimestral en el monto de los gastos de funcionamiento, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.
Por otra parte, establece una recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios “a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período”. Además, el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024.
Con respecto a este punto, el proyecto afirma que se dejará sin efecto “siempre y cuando las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones que representan a los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias”. Mientras que propone la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.
Durante el debate del proyecto de ley, Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria), sostuvo: “El 80% de los docentes está bajo la línea de pobreza. Llevamos una inflación acumulada de 135% de noviembre de 2023 a julio de 2024. La recomposición salarial fue solo el 57%. A eso hay que sumarle la falta de transferencias a las provincias, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente”.
En ese sentido, Martín Lousteau (Unión Cívica Radical), señaló: “Hablamos de docentes que están por debajo de la línea de pobreza, que se van de las universidades, de ayudantes de primera que ya no les alcanza la plata para dar clases. Cuánto cuesta este proyecto: 0,14 puntos del PBI según la OPC, 600 millones de dólares”.
Por su parte, Bruno Olivera (La Libertad Avanza), expresó: “Con respecto a los aumentos del salario docente hay una mesa de negociación salarial que está debatiendo los aumentos. Con lo cual, establecer estos aumentos por ley me parece incorrecto, hay que dejar que ambas partes se reúnan y acuerden los aumentos”.-
Mientras que el presidente del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, dijo: “La educación pública es sumamente importante para nuestro Gobierno, el presupuesto y los salarios docentes han aumentado en un 71%. Además, los gastos de funcionamiento de las universidades están 100% garantizados. El presupuesto alcanza cuando se lo usa bien”.