Por redclade.org
El 2020 fue un año retador, de pérdidas, cambios y aprendizajes. La pandemia COVID-19 paralizó el mundo. Hasta enero de este año, tuvimos más de 95 mil millones de casos de COVID-19 y más de 2 mil millones de muertes. Solo en América Latina y el Caribe, se han reportado más de 11 millones de casos de coronavirus.
La pandemia cambió la dinámica social. En una región caracterizada por altos niveles de desigualdad, el COVID-19 ha exacerbado esta situación y, en el área de la educación, no fue diferente. Según el último balance de la UNESCO, al menos 850 millones de niños, niñas y jóvenes tuvieron sus clases suspendidas en más de cien países debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el brote del nuevo coronavirus.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 46% de niñas y niños entre 5 y 12 años en la región no tienen conexión a Internet. El escenario es aún más dramático en los domicilios de más bajos ingresos de Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, donde más del 90% de ellos no tienen acceso a Internet.
La pandemia resultó, además, en la reducción de los presupuestos educativos – que antes ya eran insuficientes en la región. OREALC UNESCO y CEPAL calculan que, dada la contracción económica de América Latina y el Caribe, la cantidad de recursos disponibles para la educación podría disminuir más del 9% en el 2020, con consecuencias en el presupuesto del 2021.
Este especial temático, que forma parte en una serie alrededor de los desafíos y luchas para el derecho a la educación que 2020 trajo a 2021 y expectativas para el nuevo año, enfatiza de manera general las desigualdades en la educación que fueron profundizadas con la pandemia. A partir de reflexiones y acciones de la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), esta edición plantea, además, la educación inclusiva, el financiamiento educativo justo, la gratuidad de sistemas educativos públicos y la perspectiva holística, intersectorial y de derechos humanos en la educación, como caminos hacia una realidad mejor en el post-pandemia.
“Momentos de crisis como este exigen, más que nunca, el fortalecimiento de los Estados como garantes de derechos y la creación de paquetes de medidas y políticas públicas intersectoriales, reconociendo que los derechos humanos se hacen efectivos cuando son garantizados conjuntamente.”