El máximo tribunal rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por falta de legitimación y aclaró que su decisión no implica abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/23.
El máximo tribunal rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por falta de legitimación y aclaró que su decisión no implica abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/23.
La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales. La decisión del máximo tribunal se basó en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la entidad que promovió la demanda, carecía de legitimación legal para iniciar la causa.
En su fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte aclaró que la resolución se limitó exclusivamente al rechazo de la demanda por la falta de legitimación de la actora y por la ausencia del requisito constitucional de «caso o controversia». En ese sentido, el tribunal precisó que el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154″ ni implica una interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.
Pero el conflicto comenzó tras la firma del mega DNU presidencial en diciembre de 2023. A partir de ese momento, el CECIM presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo con el objetivo de obtener la nulidad del artículo. Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, dictó una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley. Sin embargo, el juez Alberto Recondo dejó posteriormente sin efecto esa cautelar y rechazó la presentación por considerar que la agrupación demandante no tenía legitimación.
El caso dio un nuevo giro cuando la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió la decisión de Recondo, admitió la demanda, declaró la inconstitucionalidad del punto del DNU y ordenó reinscribir la causa como colectiva. Ante este revés, el Estado Nacional apeló la resolución, elevando el expediente a la Corte Suprema.
Al analizar el caso, el máximo tribunal desestimó el criterio de la Cámara, que había admitido la legitimación del organismo platense bajo la idea de que la soberanía nacional es un «bien colectivo». La Corte explicó que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por esa razón, no puede ser considerada un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional.
“El encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara carece de todo fundamento. Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sentenciaron los magistrados.
Además, el tribunal aprovechó para lanzar una advertencia sobre el accionar de las instancias inferiores: “A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”.
Tras conocerse la sentencia del fallo, el CECIM emitió un duro comunicado donde sostuvo que la Corte «no exploró el planteo jurídico» y cuestionó que el conflicto haya sido resuelto por una cuestión técnica de legitimación.
«Dijo, con claridad, que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal», expresó la organización.
En esa línea, aseguraron que la sentencia termina beneficiando al gobierno nacional al dejar abierta la posibilidad de que capitales extranjeros adquieran tierras sin las restricciones de la legislación derogada. «La Corte resolvió el problema político de Milei», afirmaron, responsabilizando «política e institucionalmente» al tribunal por las consecuencias que tendrá la medida.
Finalmente, el presidente de la organización puso el foco en el desgaste del proceso: «Nosotros tenemos la certeza de que dimos una batalla por dos años, pero nos ganaron». Asimismo, cerró con fuertes cuestionamientos al Poder Judicial y a la dirigencia política en general, a la que le reclamó mayor iniciativa para «proteger los derechos de la gente»