Pedro Di Luca, docente de Literatura y Alemán, fue despedido en 2019 del colegio privado de Hurlingham “Instituto Cultural Roca” sin aviso previo e injustificadamente, con más de 15 años de antigüedad. En junio de este año, debido a la falta de jueces, el trabajador tuvo que aceptar una suma indemnizatoria del 5% “lo que favorece las prácticas discriminatorias y antisindicales de cualquier empresa”.
El docente de Alemán y Literatura, Pedro Di Luca, fue despedido en 2019 sin aviso previo e injustificadamente del Instituto Cultural Roca de Hurlingham: “No había ninguna figura legal y las oraciones eran bastante incongruentes: generar mal ambiente entre los compañeros, no obedecer órdenes de la directora. Nunca hubo un apercibimiento ni un acta por eso”, contó a Trama Educativa.
Previo a su despido, luego de más de 15 años de trabajo, la Comisión Directiva acusó al profesor de liderar una acción colectiva de resistencia, llevada a cabo por siete docentes -también ex alumnos-, contra el recorte arbitrario de horas de clase. Frente a eso, los trabajadores acudieron al Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y “de la noche a la mañana” se sindicalizaron 36.
Al despido de Di Luca se sumaron otros que el colegio privado llevó a un acuerdo forzado, en detrimento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, el profesor de alemán se negó en tres audiencias a aceptar el arreglo ofrecido por la institución, que seguía jugando con la presión económica de cada trabajador desvinculado de forma injustificada y las urgencias que surgían en situación de pandemia.
Luego de tres años y medio, en junio de 2023, finalmente se llevó a cabo la audiencia de vista de causa, donde el profesor estuvo acompañado por sus cinco testigos; entre ellos padres y docentes. Mientras que la Comisión Directiva solo llevó a dos: el propio presidente y el tesorero. El dinero de la sentencia se había devaluado desde el comienzo de la demanda a un 10% de su valor inicial, ya que el índice de actualización por inflación en la justicia de la provincia de Buenos Aires es muy inferior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien el perito psicológico había avalado la figura de “acoso laboral y persecución” y el fallo a su favor lo alentó a no negociar en ninguna instancia previa, el juicio nunca se llevó a cabo por falta de jueces en el Tribunal de Morón. Al respecto, explicó: “De no ejercerse un arreglo económico, la audiencia se postergaría para mayo de 2024, sin garantías de que para entonces la falta de jueces estuviera resuelta”. Ante eso, el trabajador debió aceptar una suma indemnizatoria del 5%, “mísera en comparación a la que correspondería por ley, lo que favorece las prácticas discriminatorias y antisindicales de cualquier empresa”.
Al respecto, Di Luca aseguró: “No es un hecho aislado, sino que refleja una preocupante realidad laboral, donde las tácticas dilatorias y manipulativas de algunas escuelas privadas son amparadas por un sistema judicial deficiente, colapsado y con falta de recursos. De este modo, la justicia laboral en la provincia de Buenos Aires se ve cada vez más lejana y distorsionada para los trabajadores y trabajadoras docentes, quienes se encuentran cada vez más desprotegidos ante la arbitrariedad y la impunidad de ciertas prácticas empresariales”.
Y finalizó: “Hoy más que nunca, donde se promueven ideas de mercantilización de la educación y vulnerabilización de derechos laborales, donde se resucitan concepciones ingenuas -sino interesadas y cínicas- sobre la autorregulación del mercado, se vuelve esencial la unión de los trabajadores y trabajadoras docentes; y es en su cohesión grupal donde radica la fortaleza indispensable para enfrentar las injusticias del sistema imperante”.