En medio de una creciente preocupación por el vaciamiento presupuestario de las universidades públicas, este miércoles se presentó en el Congreso un proyecto de ley de financiamiento que busca dar previsibilidad, estabilidad y horizonte. La propuesta plantea una serie de compromisos económicos y salariales para el Estado nacional, con el objetivo de blindar a las casas de altos estudios de los vaivenes políticos y económicos.
El proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria establece una meta clara: alcanzar en 2031 una inversión del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación universitaria. A ese objetivo se llega mediante un esquema de crecimiento progresivo del presupuesto, que parte del 1% en 2026 y crece 0,1% por año.
Pero esta ley no solo se limita a números, entre los puntos más destacados, se incluye la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses con actualización salarial acorde al índice de inflación, la garantía de fondos para gastos de funcionamiento, un fondo específico para carreras estratégicas -con especial atención a la inteligencia artificial- y la expansión de becas como las Progresar y Manuel Belgrano.
“Defender el derecho a la educación superior implica también defender su financiamiento”, se remarca en los fundamentos del proyecto. Para sostener las obligaciones que establece la ley, se propone un mecanismo de distribución automática de fondos nacionales basado en la denominada Proporción Universitaria, sin afectar las transferencias a las provincias.
Es así como el texto se inscribe en un contexto particularmente adverso. Desde fines de 2023, el gobierno nacional prorrogó el presupuesto del año anterior, lo que significa que las universidades están funcionando con las partidas votadas en 2022, sin actualización por inflación. Según cifras incluidas en el proyecto, eso se traduce en una pérdida real del 134% en los fondos para funcionamiento.
En ese marco, el proyecto aparece como una respuesta política y legislativa a un reclamo social masivo. Retoma principios consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Superior, y se apoya también en compromisos internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre los puntos salientes del proyecto se destacan:
- Garantía de fondos actualizados por inflación para funcionamiento, infraestructura, ciencia, técnica y hospitales universitarios.
- Convocatoria a paritarias trimestrales y recomposición salarial según el Índice de Precios al Consumidor.
- Fondo de 10 mil millones de pesos, actualizable, para promover carreras estratégicas y nuevas áreas vinculadas a la inteligencia artificial.
- Incremento progresivo de las becas estudiantiles, con revisión de criterios de acceso para garantizar equidad.
- Establecimiento de la “Proporción Universitaria” como fórmula permanente para el financiamiento.