A través de una resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el gobierno nacional estableció dar por finalizados “aquellos programas de investigación cuyos objetos no encuentren asidero en el Plan Estratégico 2024-2025”. Distintas federaciones docentes repudiaron la medida y advirtieron que afecta específicamente el campo de las ciencias sociales y humanidades.
La Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves, encomienda a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de los programas creados en la órbita del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación “bajo los parámetros de economicidad establecidos, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad”.
Al respecto, la norma establece en sus considerandos que la evaluación debe estar alineada con el Plan Estratégico 2024-2025, el cual tiene su eje en las temáticas de agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento y la innovación y salud. “En ese sentido, corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico”, señala.
A su vez, permite a dicha Secretaría “rescindir de común acuerdo o de forma unilateral” los convenios vigentes o con plazo vencido que no posean transferencia de fondos, así como también, dar de baja los convenios con transferencias realizadas que tengan una ejecución del 30% o menos, “exigiéndose la inmediata devolución de las sumas no ejecutadas”.
Según detallaron desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, algunos de los programas afectados son “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”, destinados al fortalecimiento de las capacidades mediante infraestructura y equipamiento; “Impactar” que responde a demandas de municipios; “RAÍCES”, orientado a la repatriación de científicos argentinos que viven en el extranjero; “Poblar”, repositorio de datos genéticos con amplias aplicaciones en salud; otros programas destinados a la participación de la juventud en CyT, la generación de espacios de difusión y estímulo de vocaciones, el aporte tecnológico a la economía popular.
Frente a esto, desde la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) advirtieron que la resolución implica “el desfinanciamiento de los programas de investigación en ciencias sociales y humanidades” y declararon: “Rechazamos esta decisión arbitraria, infundada y unilateral porque podemos dar cuenta del valor estratégico y federal que estos programas han generado en redes colaborativas integradas por unidades académicas de nuestra Asociación, obteniendo resultados altamente favorables para el rediseño de políticas educativas y marcos de acción colectiva con inclusión”.
En esa línea, exigieron a las autoridades nacionales que dejen sin efecto la norma y apuntaron: “ANFHE ya había advertido, en un documento publicado en abril de 2024, que las ciencias sociales y las humanidades eran objeto de una política discriminatoria, dada su potencia reflexiva que permite pensar qué sociedad necesitamos y cómo avanzar en esa dirección a través de prácticas y consensos democráticos. Hoy nos encontramos con una nueva decisión avasallando resultados de proyectos y dando un paso más hacia el desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica de nuestro país, restringiendo injustamente campos de investigación, a nuestro entender, igualmente prioritarios”.
Por su parte, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) repudiaron la decisión: “El gobierno nacional avanza con un nuevo desfinanciamiento a las universidades atacando directamente a la producción de conocimientos y al sistema científico tecnológico. Además de resultar un avasallamiento a la Autonomía Universitaria, al pretender imponerles las áreas de investigación que pueden abordar”. Y añadieron: “La medida afecta el trabajo de cientos de docentes investigadores de nuestro país, quienes vienen aportando conocimientos fundamentales para el desarrollo nacional soberano, equitativo en cada una de las provincias de nuestro territorio”.
Por último, remarcaron: “A esta altura de la historia, la negación del valor social de la producción científica en general, y en particular de las áreas afectadas por esta resolución, es inaceptable. La producción científica es primordial para la resolución de graves problemas que afectan especialmente a los sectores sociales más vulnerables, para la creación de políticas que hagan posible un país con desarrollo sustentable, soberano, con equidad y justicia social. Rechazamos un modelo de país basado en la mera razón técnico-instrumental que sólo busque la maximización de las ganancias y la concentración de la riqueza”.