La Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina presentaron una demanda contra el Municipio de General Pueyrredon para anular la Declaración de Impacto Ambiental del emprendimiento “La Reserva Explanada”. Advierten sobre la pérdida de 750 árboles, la remoción de médanos y la privatización del acceso a la playa en el barrio Alfar de Mar del Plata.
Mientras avanzan las maquinarias sobre el predio del barrio Alfar, la resistencia socioambiental dio un paso clave en la Justicia. La Asamblea Playas del Sur y la organización Surfrider Argentina formalizaron una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon para pedir la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que autorizó el megaproyecto inmobiliario denominado “La Reserva Explanada” en el sur de Mar del Plata.
El emprendimiento, a cargo de un fideicomiso privado, prevé la construcción de ocho edificios de más de 14 metros de altura -alrededor de 40 mil metros cuadrados construidos- a la altura del kilómetro 530 de la Ruta 11. Se proyectan 198 unidades habitacionales para alojar a unas 600 personas de forma permanente en una zona altamente frágil, colindante con el arroyo Corrientes y la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur.
Junto a la demanda anulatoria, los querellantes interpusieron una medida cautelar de urgencia para frenar los movimientos de suelo, la extracción de aproximadamente 750 árboles y cualquier acción comercial. Según denuncian con el patrocinio legal de la Dra. Soledad Arenaza, las tareas de desmonte y modificación del terreno se iniciaron incluso antes de contar con las evaluaciones ambientales pertinentes.
Desde la Asamblea remarcan que la ordenanza municipal que habilitó los parámetros urbanísticos para este predio se gestó en menos de 40 días y sin antecedentes en la historia del frente marítimo local, sentando un alarmante precedente para otros desarrollos en las playas del sur.
El punto central del conflicto radica en la indeterminación de los límites públicos. “Las fronteras de la reserva, el mar y el arroyo son todas públicas y se encuentran casualmente sin determinar, lo que facilita su apropiación privada”, señalaron las organizaciones denunciantes. A esto se suma el incumplimiento estatal: la Autoridad del Agua (ADA) mantiene vencida la demarcación de la franja costera, mientras que el Municipio omite su rol de control urbanístico al no exigir la actualización de la línea de ribera ni garantizar el libre acceso público a la costa.
La acción judicial detalla una serie de graves falencias en el proceso de aprobación:
- Sin aval de la provincia de Buenos Aires: la ordenanza municipal de cambio de uso del suelo nunca fue convalidada por el gobierno bonaerense, un requisito obligatorio para las zonas costeras.
- Línea de ribera desactualizada: el límite oficial data de 2012, pese a que la ley exige revisarlo cada diez años. Informes técnicos recientes señalan que la línea real se ubica varios metros dentro del predio privado.
- Falta de mensura y delimitación: no existe demarcación oficial de la franja de protección del arroyo Corrientes, ni el Municipio realizó la mensura de la Reserva Costanera Sur -pendiente desde 1995-, lo que impide determinar si la obra invade espacio público.
- Estudios ambientales y arqueológicos incompletos: la DIA se aprobó sobre un diseño que deberá modificarse para respetar la restricción de 150 metros desde el mar. Además, se omitió un relevamiento arqueológico, obviando la presencia de sitios con valor patrimonial de más de 7 mil años de antigüedad identificados por la Universidad Nacional de La Plata.
La causa busca la suspensión inmediata de la autorización ambiental y pide que se inscriba una advertencia legal sobre los terrenos, un recurso que alerta a posibles compradores de que el lote está en medio de un juicio y que el proyecto podría ser anulado. La prisa responde a que el emprendimiento ya comercializa las unidades con fecha de entrega proyectada para diciembre de 2026, sin contar con los permisos de construcción definitivos.
Vecinos y ambientalistas de Mar del Plata insisten en que cada día de inacción judicial consolida una política de hechos consumados sobre un ecosistema de médanos que ya sufre severos procesos de erosión costera.