El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Apelaciones, que luego pasará a la Corte Suprema de Justicia, para revocar la medida cautelar que lo obliga a actualizar los salarios docentes y las becas universitarias según la Ley de Financiamiento.
En su presentación, el Poder Ejecutivo advirtió sobre un riesgo de parálisis estatal, argumentando que cumplir con la norma exigiría reasignar más del 90% de los créditos para gastos primarios, lo que obligaría a suspender servicios básicos como la seguridad en Rosario, la alimentación en cárceles y el funcionamiento de los propios tribunales y el Congreso.
Desde la perspectiva oficial, los fallos de las instancias anteriores representan una intromisión inconstitucional en las facultades del Presidente, ya que ignoran la normativa que impide ejecutar gastos sin una fuente de financiamiento expresamente prevista.
El Gobierno defiende la vigencia del Decreto 759/25 y la necesidad de mantener el equilibrio financiero estipulado en el Presupuesto 2026, sosteniendo además que, por el solo hecho de apelar la cautelar, la obligación de pago queda suspendida legalmente. En rigor, el plazo límite era hasta las 9.30 de hoy, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.
Finalmente, la administración de Javier Milei solicitó que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del caso por su condición de docentes universitarios, alegando que su imparcialidad está comprometida.
Este pedido de recusación busca que intervengan conjueces en un proceso que comenzó a finales de 2025 tras un amparo de los rectores y que, hasta el momento, ha acumulado fallos adversos para el Estado en la justicia de primera instancia y en la Cámara de Apelaciones.