Ctera impugnó y obtuvo la suspensión judicial del decreto que modificó el artículo 10° de la Ley de Financiamiento Educativo y eliminó la participación del Estado nacional en la negociación del salario mínimo docente. Según detallaron, la sentencia obliga al Gobierno a convocar a mesa paritaria.
El Decreto 341/2025, publicado el 20 de mayo en el Boletín Oficial, modificó el artículo 10° de la Ley de Financiamiento Educativo -N° 26.075- y eliminó la participación del Estado nacional en la negociación del salario mínimo docente. Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lo impugnó y logró su suspensión mediante una decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Tras el anuncio del decreto, Ctera expresó su repudio, exigió la derogación y radicó una causa ante la Justicia Nacional del Trabajo. Luego de obtener esta medida cautelar, el gremio señaló que la sentencia “conlleva la obligación por parte del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, proceder que hasta el momento se ha negado”.
A su vez, sostuvieron: “El accionar del gobierno nacional, al pretender dinamitar la paritaria nacional docente, se inscribe en la ofensiva enderezada a intentar la destrucción de la educación -que no conseguirán- provocada por el no pago a los docentes de todo el país de la asignación remunerativa del Fondo Nacional de Incentivo (Fonid), la eliminación de la conectividad, la supresión de diversos programas sociales para docentes y nuestras infancias y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas”.
El texto de la norma impulsada por el Ejecutivo nacional sostiene que, en el marco del sistema federal de gobierno y con la participación del Consejo Federal de Educación, “deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación” en la negociación del salario mínimo docente.
Al mismo tiempo, señala que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son “empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos”, por lo que corresponde que las jurisdicciones participen de las negociaciones, a través del Consejo Federal de Educación.