La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) solicitó que se retire el capítulo de Educación de la Ley Ómnibus, la cual obtuvo la aprobación general en la Cámara de Diputados, ya que “vulnera los derechos conquistados y abre de par en par las puertas a la privatización y mercantilización de la educación”.
El texto final de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, denominada Ley Ómnibus, la cual obtuvo la aprobación general en la Cámara de Diputados y empezará a ser tratada artículo por artículo el próximo martes, establece distintas modificaciones en materia educativa. Al respecto, desde Ctera solicitaron el retiro del Capítulo II, referido a Educación, ya que “todos los artículos redactados vulneran los derechos conquistados y abren de par en par las puertas a la privatización y mercantilización de la educación”.
En ese sentido, hicieron hincapié en el artículo relativo a la paritaria nacional, ya que, si bien el artículo del proyecto de ley establece que el salario mínimo docente se acordará junto a los gremios, lo relativo a aspectos laborales, calendario educativo y carrera docente lo establecerá el Consejo Federal de Educación, conformado por los ministros de las 24 jurisdicciones.
“En el marco de la Paritaria Nacional Docente hasta el momento se había podido garantizar el sostenimiento de diversas políticas públicas y la defensa de los derechos laborales de la docencia argentina. La eliminación de esta instancia, además, devendría en la destrucción del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo Compensador; de los fondos para construcción de escuelas; equipamiento; Conectar Igualdad; Educ.ar; comedores y copa de leche, y de los recursos para la formación docente permanente y gratuita, entre otras cuestiones”, declararon desde el gremio.
A su vez, manifestaron su rechazo contra el Artículo 383, que declara a la educación inicial, primaria y secundaria como servicio esencial: “No sólo vulnera el derecho a huelga y a la protesta social, consagrado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, sino que también abre las puertas a la privatización, ya que la educación dejaría de ser un derecho social para pasar a ser un servicio más, que se presta y, por lo tanto, que se puede comprar y vender”.
Por último, afirmaron que una propuesta de reforma educativa “de este tenor” no puede ser tratada en sesiones extraordinarias: “La educación es un tema muy importante como para ser sometido a una reforma en tratamiento exprés. Exigimos respeto institucional democrático para iniciar un debate serio sobre toda la problemática educativa en nuestro país”.