En el marco de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación entrevistaron a Madeleine Zúñiga, directora de la campaña, sobre el contexto político actual del país.
Perú está viviendo una crisis política debido a la asunción de Dina Boluarte en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido. Esta decisión generó manifestaciones que comenzaron en diciembre del 2022 y que actualmente continúan. Las protestas exigen la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y un proceso constituyente. La educación no quedó excluida del conflicto y, en este sentido, Madeleine Zúñiga habla sobre la situación en el país.
-¿Cuál es la situación que se está viviendo en el país?
Es muy difícil hacer una descripción de lo que está pasando en Perú porque es un problema multidisciplinar, muy complejo que está creando demasiadas convulsiones y una gran incertidumbre sobre lo que pasará.
Hay razones muy justificadas para las manifestaciones que tienen que ver con la historia del país y el gran centralismo y discriminación que ha existido, y la corrupción que atraviesa todos los niveles de Gobierno, en todos los sectores.
Castillo ha sido un fiasco porque los educadores tenían esperanzas en un maestro como Presidente, sin embargo, su ineficiencia y su desconocimiento de lo que es gestionar un país se hizo evidente muy prontamente y no sorprendió. Lo que más afectó fue su habilidad para delinquir. Comenzó a los poquitos meses de haber subido al gobierno y de ahí en adelante siguió dando pruebas de ser un desastre en el Gobierno.
El detonante de todo este problema fue el haber querido dar un golpe de estado. Que increíblemente luego lo negó. Anunciando el cierre del Congreso, del Tribunal Constitucional. Hemos estado atrapados por un ejecutivo muy poco eficiente y corrupto y por un Congreso con fuertes componentes de derecha. Gente que defendía sus propios intereses y la sociedad no le importaba nada.
La educación ha sido seriamente afectada por ese congreso y sus leyes
-¿Cómo se ha visto afectado el derecho a la educación en este contexto?
Ha sido el derecho humano más afectado. La mayoría de los votos logró que se debilitará el sistema que tenemos de control de calidad de la educación superior Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior). Existía desde el 2014 y había dado muy buenos resultados cerrando las universidades de mala calidad y dando credenciales, acreditación, a las universidades que probaban que tenían unas cualidades mínimas de calidad. Eso se lo trajeron abajo.
Se aprobó una ley, la 31498, según la cual “son los padres de familia quienes tiene la última palabra para aprobar el contenido de los textos escolares”. No solamente era para no incluir el enfoque de género en los textos escolares, si no también, una visión crítica de nuestra historia y especialmente la historia reciente.
En la educación bilingüe se recortó a la mitad el presupuesto para capacitar maestros. Por último, para nombrar a un maestro para niños de habla indígena, tiene que tener títulos, ciertos años de servicios y ser hablante de la lengua indígena de los niños, como última instancia. Antes era el primer criterio que el maestro pueda comunicarse con los niños en una lengua común, la indígena, eso dejó de ser un criterio.
Además, tenemos evaluación docente y se le da oportunidades a quienes no pasan en una primera prueba, hasta tres veces. Pero ahora salió una ley para poder nombrarlos automáticamente a todos, aunque hayan fallado más de tres veces. Así Castillo cumplía las promesas a su sindicato.
-¿Cuál es el rol de la comunidad educativa en las movilizaciones de ámbitos universitarios?
Los universitarios están siempre dispuestos a manifestar y apoyar. El tremendo problema que tuvimos el fin de semana pasado fue porque, apelando a su autonomía, brindaban hospedaje a los manifestantes que venía de diferentes regiones del país. Era una forma de expresar su solidaridad con los manifestantes.
La intención de daño y amenaza con la que entra la policía a las universidades es para amedrentar a la gente joven y a quienes estaban alojados allí. De ninguna manera podemos aceptar el abuso y la humillación. Ha sido doloroso ver a 100 o 200 personas que son obligadas a echarse al suelo boca abajo. No hay estado de emergencia que justifique esa humillación. Es irónico, todo el mundo pide diálogo, pero de los dos lados están constantemente violentando y odiando.
-¿En qué medida la situación de violencia democrática está afectando la cotidianidad de la sociedad?
Es difícil moverse en la ciudad. Hay calles cerradas, no hay transporte. La gente que trabaja está sufriendo mucho porque no sabe en qué momento va a encontrar una calle, un camino o una carretera bloqueada. Ocurre en todo el país. El turismo está completamente cerrado. Hay hoteles que tienen que despedir personal porque no tienen pasajeros. Hoteles, restaurantes, artesanos.
La gente se siente impotente. Han hecho marchas de la paz, pero no tiene ninguna fuerza porque de los dos lados hay una testarudez muy grande. El ejecutivo no acepta renunciar y el Congreso no acepta adelantar elecciones, que es lo que piden los manifestantes. Hay normas constitucionales que son difíciles de saltar. La organización de una elección no se hace en una semana.
Estamos atrapadísimos y la gente está sufriendo. Van faltando los alimentos, suben los precios de las cosas que llegan de otras regiones
-¿En este año se puede proyectar algo para la educación?
Hay algunas cosas que hemos comenzado a conversar, por ejemplo, garantizar un inicio de clases, que haya profesores, que les lleguen los materiales educativos a las clases y que se haga un esfuerzo por recuperar a los niños, adolescentes que dejaron de estudiar por cuestiones económicas.
Tenemos que, como acción del derecho a la educación, tener la data más oficializada y realista posible de si se está recuperando a esa contingencia de escolares que se han alejado por cuestiones económicas, por no poder pagar o por tener que trabajar para apoyar en la economía familiar.
La inequidad se hace presente en el acceso a la educación y a los aprendizajes. Hay colegios particulares y algunos públicos que han tenido la oportunidad de acceder a una buena educación, pero en donde no llegó la electricidad se ha perdido mucho aprendizaje. Ya no tienes niños de 6 años aprendiendo leer, si no, de 10 años. Ahí está la inequidad de aprendizaje.
Esas son las defensas que queremos. Se ha dicho que las clases comienzan el 13 de marzo pero no se va a saber si va a existir la calma para poder caminar por las ciudades y movilizarse hacia las escuelas.