Mónica Biasone, rectora de la UNMDP, y Carlos Greco, rector de la UNSAM, cuestionaron el deterioro del presupuesto universitario y reclamaron que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
En el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se desarrolla en Mar del Plata, rectores de universidades nacionales reclamaron por la situación presupuestaria del sistema universitario y advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, brindaron este viernes una conferencia de prensa en la antesala de una nueva instancia judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La audiencia fue convocada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, con el objetivo de acercar posiciones entre el Gobierno nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CIN en torno a la implementación de la Ley 27.795.
El encuentro judicial se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme una medida cautelar que ordena al Estado avanzar con la actualización de los salarios universitarios y de las becas estudiantiles. Desde las universidades, además, reclaman que el financiamiento contemple los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios y las actividades de ciencia, tecnología, investigación y extensión.
La reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN reúne en Mar del Plata a representantes de las universidades nacionales de todo el país para avanzar en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Universitario 2027. El documento será elevado al Plenario del CIN, que se realizará los días 3 y 4 de septiembre en Bariloche.
Biasone destacó que más de 50 secretarios y secretarias de administración financiera participan del encuentro y explicó que el objetivo de la jornada: “Estamos armando un presupuesto que tiene absoluta relación con la Ley de Financiamiento Universitario. Así que estamos muy seguros y muy tranquilos con lo que le vamos a pedir al Ejecutivo Nacional”, sostuvo.
En ese sentido, la rectora remarcó que el presupuesto universitario no puede ser entendido únicamente como una cifra económica. “El presupuesto no es solo un número, no es solo una línea en una ecuación equilibrada. Es la proyección política del sistema universitario y de la educación y del desarrollo”, afirmó.
Biasone señaló además que aproximadamente el 92% del presupuesto universitario está destinado a salarios, mientras que el 8% restante debe cubrir el conjunto de los gastos de funcionamiento y otras políticas que desarrollan las universidades.
“Con ese 8% tenemos que cubrir todos los gastos”, explicó, y enumeró entre ellos el mantenimiento de los edificios, becas universitarias, comedores y apoyos para estudiantes que no tienen posibilidades de acceder a la universidad.
Por ese motivo, planteó que el reclamo no apunta simplemente a obtener un aumento presupuestario, sino a recuperar las condiciones existentes antes del deterioro del poder adquisitivo: “Necesitamos que, no que nos aumenten, que nos retrotraigan esos valores al poder adquisitivo que tenían o a la relación que teníamos en noviembre de 2023”, expresó.
La pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento de la matrícula
Por su parte, Greco puso el foco en la evolución de la matrícula universitaria y su relación con los recursos disponibles: “Hay un indicador clarísimo que es el crecimiento de la matrícula. Creció mucho más la cantidad de estudiantes que lo que creció en términos nominales el presupuesto”, señaló.
Para el rector de la UNSAM, esta situación justifica que el presupuesto no solo sea actualizado para recuperar el poder adquisitivo perdido, sino que también contemple el crecimiento y desarrollo de las instituciones.
Greco sostuvo que, luego de un aumento del 21% que calificó como un cumplimiento parcial por parte del Gobierno, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios todavía ronda el 30%.
A esto, agregó, se suma el deterioro de los gastos de funcionamiento. “Los gastos de funcionamiento, que es el otro gran capítulo del presupuesto universitario, no tuvieron ninguna actualización”, afirmó.
Según planteó, las universidades intentan compensar esta situación mediante recursos propios y esfuerzos internos, aunque esto termina afectando la calidad del funcionamiento institucional. “Nosotros eso no lo podemos resignar, porque ese es nuestro principal compromiso con la sociedad”, sostuvo.
La situación presupuestaria se encuentra directamente vinculada con la audiencia judicial convocada para este viernes, en la que se buscará avanzar en una salida al conflicto generado por la aplicación de la Ley 27.795.
Para Greco, el reclamo de las universidades excede la discusión por los recursos y está relacionado con los principios que estructuran al sistema universitario argentino. “Lo que exigimos es que se cumpla la ley”, afirmó el rector, quien recordó que la universidad pública argentina se construyó sobre valores como el cogobierno, la autonomía, la gratuidad y el libre acceso.
En este sentido, sostuvo que se trata de principios que las universidades consideran “irrenunciables” y que cuentan con un fuerte respaldo social, expresado en las movilizaciones realizadas durante los últimos años.