El Presupuesto 2026, aprobado por la Cámara de Senadores, elimina el umbral de inversión equivalente al 6% del PBI para Educación, la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en Ciencia y Tecnología, y el piso mínimo destinado a las escuelas técnicas. La FUA, Ctera, AMET y la cartera educativa bonaerense rechazaron la medida.
Después de un extenso debate, el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención. A su vez, en la votación particular -con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones- se aprobó el artículo 30 que incorpora una modificación estructural en materia educativa:
- Deroga el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional: elimina el piso de inversión educativa del 6% del PBI.
- Deroga los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: suspende el incremento progresivo del financiamiento en ciencia y tecnología hasta llegar -como mínimo- al 1% del PBI en 2032.
- Deroga el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional: suprime la asignación mínima de 0,2% de los ingresos corrientes para escuelas técnicas y agrarias.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) esos pisos legales no se cumplieron de manera sistemática en años anteriores y, en un contexto de ajuste fiscal, resultan incompatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario. La eliminación de esas obligaciones, sostuvieron, permite mayor flexibilidad en la asignación de recursos y evita compromisos que luego el propio Estado no puede honrar.
Para el próximo año, la función Educación y Cultura -que concentra el total del gasto del sector, independientemente de la jurisdicción- contará con asignaciones por $7,7 billones. Si se ajusta esa cifra por la inflación proyectada por el propio Gobierno -10,1% anual-, el resultado es una contracción real del 1% en comparación con 2025 y un recorte del 47,7% frente a los niveles de 2023.
Al desagregar las partidas, la ley prevé unos $90 mil millones destinados al sistema de vouchers educativos, lo que implica una baja real del 13,5% respecto del año en curso. Desde el oficialismo atribuyen esa reducción a la menor cantidad de solicitudes de asistencia registradas durante 2025. En sentido contrario, los recursos asignados a becas educativas -incluido el programa Progresar- mostrarían un incremento real del 4,1%.
En lo que respecta a las universidades nacionales, si bien la Cámara de Diputados rechazó el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el Presupuesto 2026 prevé recursos por $4,8 billones, lo que refleja una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023. En relación a este punto, el Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado un monto de $7,2 billones, cifra que definieron como “mínima e indispensable para sostener el funcionamiento actual de las instituciones”.
Recorte del 93% en las escuelas técnicas
Según la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) bonaerense, en 2026 el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional recibirá $11.281 millones, lo que representa un recorte del 93% en comparación con el presupuesto ejecutado en 2023. A su vez, en 2023 se ejecutó solo el 50,5% de lo que correspondía por ley; en 2024 la ejecución cayó al 9,4%; en 2025 alcanzó el 10,8%, mientras que los fondos para el próximo año equivalen a solo el 3,5% de lo que debería destinarse.
El ajuste también alcanza al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo central para la planificación, el acompañamiento pedagógico y el fortalecimiento del sistema técnico en todo el país. El Presupuesto 2026 prevé un recorte del 84,5%, lo que limita gravemente su capacidad de acción y afecta programas fundamentales vinculados a: actualización tecnológica, capacitación docente, mejora de talleres y laboratorios, articulación con el sector productivo y desarrollo de la formación profesional.
Desde AMET aseguran que esta reducción en el financiamiento tendrá consecuencias concretas en la vida cotidiana de las escuelas técnicas: menos recursos para equipamiento, insumos y mantenimiento de talleres; dificultades para sostener prácticas profesionalizantes de calidad; retroceso en la actualización tecnológica, en un contexto de rápidos cambios productivos; mayor desigualdad entre jurisdicciones, condiciones más precarias para enseñar y aprender oficios y saberes técnicos.
“Sin educación técnica no hay industria fuerte. Sin industria, no hay trabajo digno ni desarrollo soberano. No vamos a aceptar el vaciamiento de las escuelas, ni el abandono de políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades, formación de calidad y desarrollo productivo. Este ajuste no es inevitable: es una decisión política, y como tal será enfrentada con organización, unidad y lucha”, declararon desde la Asociación.
Rechazo al Presupuesto 2026 de la cartera educativa bonaerense, Ctera y la FUA
Desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires afirmaron que lo dispuesto en la ley de leyes implica un “grave ajuste en el financiamiento educativo y científico-tecnológico”, y declararon: “La educación en su totalidad, incluyendo la educación técnico-profesional, y la política científica pasarían a ser contingentes y precarizadas. Con ello se consolida un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el pleno ejercicio del derecho social a la educación”.
A su vez, sostuvieron que la inversión educativa y científica tecnológica “no es un gasto, sino la base soberana del desarrollo y la garantía de futuro para el pueblo”. Y concluyeron: “La DGCyE continuará trabajando junto a las comunidades educativas y las jurisdicciones provinciales para exigir un presupuesto que garantice los derechos, fortalezca las instituciones educativas y asegure condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para todas y todos”.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) denunció que “el ajuste brutal en educación se profundiza con la Ley de Presupuesto 2026” y definieron el artículo 30 como “inconstitucional” por vulnerar la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en la que se establece que el presupuesto anual “no podrá reformar o derogar leyes vigentes”.
En esta línea, la Federación Universitaria Argentina (FUA) repudió el accionar de los senadores y llamó a luchar por el país en 2026: “El Congreso de la Nación aprobó un presupueto que representa un ajuste del 34% a lo que la Universidad Pública Argentina necesita. Esto significa salarios de miseria para docentes y no docentes; menos y peores becas para estudiantes; ajuste en ciencia y técnica; paralización de obras de ampliación, y serios problemas de mantenimiento diarios”.