Ante el triple crimen ocurrido en la localidad de Barracas, desde el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata y desde el Programa Integral de Políticas de Género de la casa de estudios se pronunciaron expresando su repudio y condena sobre estos hechos. Además, pidieron justicia por las víctimas Pamela Cobbas, Mercedes Figueroa, Andrea Amarante y por Sofía Castro Riglos, que aún pelea por su vida.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género -fecha que recuerda la decisión en 1990 de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad del manual de clasificación de enfermedades mentales- la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y el Programa Integral de Políticas de Género emitieron su posicionamiento respecto al lesbicidio ocurrido en Barracas, provincia de Buenos Aires.
En un comunicado, dado a conocer este jueves, responsabilizaron al gobierno por legitimar “discursos de odio en la esfera pública, desde la investidura presidencial, la vocería presidencial y diferentes funcionarios y funcionarias que habilitan este tipo de conductas y eligen no condenarlas públicamente”.
El Consejo Superior de la UNMdP se pronunció manifestando su repudio y condena y pidiendo justicia por las víctimas
“El Estado es responsable, en tanto el gobierno desmantela toda política nacional de concientización, prevención y abordaje de la discriminación ante la orientación sexual, la elección y ejercicio de la vida privada y pública de las personas”, expresaron.
A su vez, adhirieron al comunicado emitido desde el Programa Integral de Políticas de Género de la UNMdP en el cual se advirtió sobre la gravedad de la carencia y desjerarquización de políticas públicas con perspectiva de género, así como por la validación discursiva de estos tipos de crímenes.
Además, agregaron que este tipo de discursos “son negacionistas, intolerantes y de odio que instalan una atmósfera social que habilita la impunidad, que acepta la reproducción de diferentes formas de violencia como parte del repertorio cotidiano”.
Y alertaron sobre los peligros que significa la ausencia y desmantelamiento de políticas de género en el Estado Nacional, tanto desde lo material y estructural, con el cierre del INADI, la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la consecuente desaparición de direcciones y programas; como desde lo simbólico y cultural, con la transformación del Salón de las Mujeres en el Salón de los Próceres en la Casa Rosada, la prohibición del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en el ámbito de la administración pública, o las amenazas e insultos constantes que reciben especialmente mujeres e integrantes del colectivo LGBTTTIQNB+ en medios de comunicación masiva y en redes sociales por parte de funcionarios de gobierno y allegados al poder.
Por último, enfatizaron: “No naturalizamos la política de la crueldad como gestualidad de poder. De esta manera, el Estado Nacional directa e indirectamente promueve políticas de exclusión que validan los ataques homo odiantes”.