Por Karina Insaurralde. Licenciada en Educación
La historia de María Arabetti, fundadora de Disfam Argentina, expone las consecuencias invisibles de la dislexia sin acompañamiento y muestra por qué la detección temprana, las adecuaciones y la capacitación docente ya no pueden esperar.
Cuando María Arabetti recuerda los primeros años escolares de su hijo Santiago, el relato se vuelve presente. Santiago tenía dislexia, disgrafía y discalculia, pero durante mucho tiempo nadie supo nombrarlo. En su escuela, lo que sí sabían era que él “no llegaba”, que “le costaba”, que “molestaba”. Para María -docente de primaria durante décadas y mamá de dos hijos con dislexia- aquellos años fueron un torbellino de frustración, impotencia y puertas cerradas.
“La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, persistente y específico, cuyo origen está en una alteración del neurodesarrollo, y que aparece en chicos sin ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural. Según el CIE-11, las personas con dislexia manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión” (OPS, 1997).
Es decir: la causa no es la falta de voluntad, la desatención ni la pereza. Es una condición neurobiológica, tan real como invisible.
Esa invisibilidad, como cuenta María, se convierte en un problema en la escuela. “Los motes eran vago, burro, lento”, recuerda. Y sin diagnóstico, sin acompañamiento, sin un marco legal que resguardara derechos y sin formación docente específica, los chicos quedaban a la deriva.
María, junto con su esposo pediatra fundaron Disfam Argentina, sede local de la asociación internacional dedicada a la divulgación, acompañamiento y defensa de derechos de personas con dislexia1. Habla con la serenidad de quien ya peleó muchas batallas, pero también con la urgencia de quien sabe que todavía falta mucho.
En la ONG asesoran familias que recién reciben el diagnostico, algo que, tal como cuenta, a ellos los hubiera ayudado, y también brindan charlas en escuelas y otras instituciones relacionadas con la temática.
“Tuvimos que cambiar a mi hijo de colegio en plena adolescencia porque no lo querían acompañar. Eso lo destruyó emocionalmente”, relata. Pérdida de amistades, abandono del deporte, baja autoestima: las consecuencias de la falta de abordaje adecuado no quedan en el cuaderno, se convierten en cicatrices indelebles.
“Yo pienso cuántos chicos habré lastimado por falta de formación”, confiesa. “La dislexia existió siempre. Lo que faltó fue saber mirarla”. No lo dice desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Por eso insiste: la deuda más grande del sistema educativo argentino sigue siendo la formación docente en neurodiversidad y dificultades específicas del aprendizaje.
En la entrevista repite varias veces una idea que condensa su visión: “El docente no tiene la obligación de diagnosticar, pero sí la obligación profesional de observar, detectar y derivar”. Para eso se necesita formación. Para eso se necesita tiempo institucional. Para eso se necesita política pública. Y sin embargo, todavía hoy, no existen jornadas obligatorias sobre dislexia para docentes, ni espacios estables dedicados a pensar adecuaciones, estrategias y modos de enseñanza ajustados a esta realidad que afecta al 10% de la población.
En la vida cotidiana de una escuela, no reconocer la dislexia tiene consecuencias concretas: fracaso escolar temprano, problemas emocionales, conductas disruptivas, desvinculación, inequidad. Como explica María, “un niño que desde edades tempranas sufre fracaso escolar, va a tener sí o sí una repercusión emocional”. Y esas marcas, en muchos casos, llegan hasta la adultez.
Gracias al impulso de Disfam, en 2016 se aprobó en Argentina la Ley 27.306, que garantiza detección temprana, adecuaciones pedagógicas, formación docente y cobertura médica. Es una herramienta fundamental, pero como advierte María, “las leyes sin formación quedan en un cajón”. Y subraya algo clave: la ley también protege al docente. Le da el marco para flexibilizar tiempos, ofrecer oralidad, permitir tecnología y diseñar estrategias que favorezcan el aprendizaje efectivo sin perder exigencia. Además, la semana pasada la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley de formación docente obligatoria en neurodiversidad, tal vez otro paso más para la construcción de una escuela realmente inclusiva.
María habla con empatía hacia las y los docentes. Sabe de primera mano lo exigentes que son las aulas actuales y aun así insiste en que hay pequeñas decisiones que transforman la experiencia de un estudiante con dislexia. “En vez de hacerle copiar seis oraciones, pedile que copie tres y haga un dibujo. Eso cambia todo. O tomale una evaluación oral y dejale usar cinco palabras clave”. No es bajar expectativas; es abrir caminos.
Imaginar un futuro mejor implica formar docentes. Una materia anual en los profesorados dedicada a dificultades específicas del aprendizaje, bibliotecas docentes especializadas, trabajo en red entre colegas, uso pedagógico de la tecnología y recuperación de la oralidad. Sobre todo, una escuela que incluya desde el saber y la ternura.
Le pregunto a María qué le diría a un docente que tiene un alumno con dislexia y no sabe por dónde empezar: “Leé un poco. Buscá recursos. Pedí ayuda. No estás sola. Cuando acompañás a un chico con dislexia con las herramientas correctas, tu trabajo se vuelve más liviano y su aprendizaje, más posible. Y lo más importante, ese chico deja de sufrir”. Y lo dice co la sonrisa de quien cree que un futuro que no deje a nadie afuera es posible.
Porque atender la neurodiversidad no debe ser una carga burocrática más, sino un acto pedagogico ético y profundamente humano.
El presente artículo refleja la opinión personal de su autor y no corresponde necesariamente a la línea editorial de Trama Educativa.