Entrevistamos a Bruno Roldan, secretario adjunto de SADOP, para conversar sobre la situación actual de las escuelas de gestión privada.  

—¿Cómo siguió la situación de la maestra despedida por estar embarazada luego de la intervención de la justicia? 

En el mes de marzo, a comienzos del ciclo lectivo, esta compañera del Instituto Fleming una vez que notifica su embarazo a la institución primeramente por whatsapp y después llevando el certificado de su fecha probable de parto, no le quisieron recibir el mismo, entonces a raíz de ahí notifica a través de un telegrama laboral y recibe la carta de despido. A partir de ahí comenzamos con el pedido de reincorporación, aparte de estar prohibidos los despidos, es un hecho absolutamente discriminatorio por el tema de la protección de la maternidad y un hecho significativo de violencia de genero a nuestras compañeras que en nuestro sector son arriba del 70% mujeres.

Así que a raíz de ahí comenzamos todo el proceso gremial para pedir la reincorporación, con denuncias públicas, pero primero con encuentros con los empresarios, con los dueños responsables de la institución para poder volver atrás este hecho absolutamente arbitrario. Pasamos por momentos de audiencias en el ministerio de trabajo, hasta tener que terminar en la justicia con una primera audiencia en las cuales ellos quisieron volver a sostener esta situación, actuando de manera violenta con la trabajadora. Por suerte la justicia se expidió de una mejor forma y ya logramos esa reincorporación que en muchos casos es muy complejo y difícil de conseguir.

—¿Hubo alguna comunicación con la institución luego de este pedido de la justicia de reincorporar a la trabajadora?

Inmediatamente los dos abogados se comunicaron para saber cuáles eran los procesos a seguir, porque no sólo es la reincorporación inmediata, sino también los salarios caídos en estos dos meses que tienen que abonar en un plazo de diez días. Y el dejar de realizar estas prácticas discriminatorias dentro de esa institución, el fallo fue muy amplio y completo.

Por suerte la institución tomó conocimiento, se hizo responsable y dijo que si, que iban a reincorporarla y que iban a partir de acá en más empezar con este proceso. No es que siguieron apelando en distintos estamentos de la justicia, eso fue algo positivo.

— ¿Qué evaluación hacen hasta el momento del monitoreo que estuvieron haciendo en las escuelas?

Nosotros desde el primer momento de esta pandemia defendimos la situación epidemiológica, el año pasado no queríamos apurar que comiencen las clases hasta que las condiciones estuvieran dadas y trabajamos fuertemente en la construcción de todos los protocolos y del plan jurisdiccional. Estuvo bueno este año hacer efectivo todos esos protocolos y ese plan llevados a la práctica dentro de los establecimientos, son procesos complejos porque realmente nos encontramos con realidades y dinámicas nuevas, el hecho de trabajar en burbujas, el del distanciamiento, de la presencialidad escalonada para los cursos que no daban los números de los alumnos. A partir de ahí empezamos a realizar acciones programadas con todas las instituciones de nuestra ciudad.

Nosotros estamos recorriendo aproximadamente unos cuarenta establecimientos en nuestra ciudad y unos diez o quince en el interior, estamos de acuerdo con la presencialidad, pero una presencialidad responsable, que no ponga en riesgo a nuestras trabajadoras y trabajadores ni a la comunidad educativa. Nos hemos encontrado con mucha responsabilidad de parte de los empleadores porque obviamente sabemos que ellos son los principales defensores de la presencialidad, entonces tratamos de que toda esta situación sea lo más cuidada posible, con las medidas de seguridad lo mejor posible.

—En Pinamar hubo un caso en el que no dejaron que el sindicato realice ese monitoreo ¿Es así?

Si vos no dejás que nosotros entremos al establecimiento con algo que nosotros consensuamos en todos los consejos consultivos con las cámaras empresariales, significa que seguramente debés tener situaciones para esconder o para vaya a saber qué. Entonces a partir de ahí vamos a hacer una inspección laboral con el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires y al no dejarnos entrar también se convierte en una práctica desleal así que vamos a hacer todas las denuncias correspondientes hasta tratar de llegar con responsabilidad a cada uno de los establecimientos de gestión privada.

—¿Cómo ven esta medida de suspender la presencialidad?

Esperamos que la situación sea lo más corta posible, obviamente sabemos que son situaciones del momento, que son pura y netamente epidemiológica, nosotros apoyamos todas esas medidas. Creo que estamos un poco más preparados que el año pasado, ya vivimos un año bastante complejo el año anterior y  son situaciones que venimos haciendo y realizando un poquito más habitual. Sabemos que nada reemplaza la presencialidad, pero tiene que ser una presencialidad cuidada y tenemos que tender hacia eso.

Igualmente, algo que es muy importante, tenemos que tratar de que no suceda ninguna situación de exceso de trabajo o de sobretrabajo, esas son cosas que tenemos que plantear.

—Respecto de la sobrecarga de trabajo ¿Pudieron incorporar más personal docente?

En algunos casos nos ha pasado de que hay instituciones que contrataron trabajadoras y trabajadores para tener la presencialidad, entonces aquellos docentes que están dispensados tienen al suplente trabajando en esa instituciones. Obviamente nosotros decimos que ese trabajadora y trabajador que está dentro de la escuela tiene que tener las mismas condiciones laborales y respetar esa jornada que tiene su titular. En algunos casos se ha dado, pero en otros no tanto y cuando existen situaciones de sobrecarga laboral hay que denunciarlo porque la ley es muy clara.

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