Sadop provincia de Buenos Aires alertó sobre el incremento de las agresiones y recordó que la seguridad en las aulas es una responsabilidad ineludible de los empleadores y el Estado. En este contexto, elaboró un plan de acción sindical para las escuelas privadas, en defensa de condiciones dignas y seguras de trabajo para las y los docentes.
En alerta por la repetición de hechos de violencia en los ámbitos escolares, los cuales denotan una agresividad que se acrecienta hasta configurar delitos contra la integridad de las personas, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de la provincia de Buenos Aires elaboró un plan de acción sindical. El objetivo central es la defensa de condiciones dignas y seguras de trabajo para las y los docentes de gestión privada.
“Durante años, las agresiones sufridas por los docentes fueron consideradas meros “problemas de convivencia” o “conflictos escolares” que debían resolverse internamente entre los trabajadores o con la intervención voluntaria de los propietarios de los establecimientos”, expresaron desde Sadop provincia de Buenos Aires.
Hoy, el panorama cambió. Desde el gremio sostienen que la violencia está lejos de ser un conflicto puramente interpersonal: constituye un problema social y un riesgo laboral concreto que activa obligaciones específicas del empleador en base a su deber de seguridad.
En el mapa de la conflictividad que se expresa en las escuelas conviven responsabilidades ineludibles que involucran a docentes, familias, propietarios de los colegios y al Estado como garante de los derechos.
En ese sentido, desde Sadop destacaron la vigencia del Acuerdo Paritario sobre Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso, suscripto en 2023. Este acuerdo busca brindar una respuesta institucional y un marco normativo para que los trabajadores no tengan que afrontar estas situaciones en soledad.
El documento gremial encuadra la gravedad de los hechos en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho concepto de violencia contempla no solo las agresiones físicas y las amenazas, sino también el hostigamiento, el acoso laboral, la violencia digital, simbólica e institucional.
Una de las principales conquistas del acuerdo paritario es el reconocimiento explícito de que la violencia no constituye un riesgo inherente a la profesión docente. En otras palabras, la escuela no puede exigir que el trabajador soporte agresiones como parte normal de sus funciones cotidianas. Por el contrario, se reconoce el derecho a desempeñarse en ambientes seguros y a recibir asistencia institucional y protección ante situaciones concretas.
En el caso específico de las escuelas de gestión privada, Sadop recordó que el propietario de la institución es quien tiene la obligación legal de prevenir riesgos y capacitar al personal; investigar las denuncias presentadas por los docentes; adoptar medidas protectorias a favor de los trabajadores, y garantizar condiciones y un medio ambiente de trabajo adecuado.
Ante esta realidad, el sindicato plantea la necesidad urgente de generar espacios de diálogo entre las autoridades de los colegios, los trabajadores y sus representantes. Para ello, impulsan la constitución de Comités Mixtos que permitan elaborar, aplicar y hacer un seguimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
“Son los empleadores quienes deben promover las medidas tendientes para evitar la exposición del trabajador y la trabajadora a la situación de la violencia, sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas. Asimismo, asumir la responsabilidad en la denuncia de los delitos y el acompañamiento de la víctima, en resguardo de su integridad y del goce íntegro de sus derechos laborales”, apuntaron.
En el plano institucional, Sadop ya solicitó formalmente la convocatoria a la mesa provincial de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de las escuelas de gestión privada, con la presencia de las cámaras patronales y la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense.
Finalmente, desde la organización gremial enfatizaron la importancia de un trabajo conjunto entre escuelas, docentes, organismos del Estado y la comunidad para no naturalizar este fenómeno. “Atacar al docente es dañar al trabajador o trabajadora, pero también socavar la autoridad pedagógica y degradar la referencia institucional que representa la escuela”, concluye el comunicado.
En sintonía con los demás sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), Sadop ratificó el despliegue de acciones de acompañamiento y defensa para cada docente del sector, bajo la premisa de que luchar por ambientes saludables de trabajo es también luchar por mejores entornos de aprendizaje para los estudiantes.