A través del Boletín Oficial, el gobierno nacional comunicó un recorte de más de 78 mil millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación y dejó sin efecto las transferencias para infraestructura en universidades nacionales. La medida se oficializó en la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria.
En un escenario de máxima tensión entre el ámbito académico y la gestión nacional, el Gobierno oficializó una profunda reestructuración presupuestaria que golpea de lleno al sistema educativo nacional. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, se dispuso una quita de $78.768 millones en áreas sensibles de la Secretaría de Educación, sumado al congelamiento total de los fondos destinados a obras de infraestructura en las universidades públicas.
Si bien el recorte total en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento fue de $5.303.000.000 y perjudica a trece casas de altos estudios, la Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.
La mayor reducción recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288.051.713, con impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución. El Ejecutivo también suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita de $8.929.835.294.
En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el ajuste sumó $21.686.636.818. El programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas tuvo una baja de $6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones. La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48 mil millones.
Según estimó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto del programa “Desarrollo de la Educación Superior”, que agrupa a las universidades nacionales, acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la gestión de Javier Milei.
La comparación con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada por el Congreso, amplía la dimensión del recorte. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto de las universidades nacionales habría llegado a $8,49 billones a valores de 2026, con un crecimiento real del 33,8% respecto del nivel vigente en 2025 y apenas 1,9% por encima del de 2023, lo que equivalía a una recuperación casi plena del terreno perdido.