La secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, Adriana Donzelli, brindó un análisis detallado sobre el panorama actual del sistema educativo frente a las reformas impulsadas por el gobierno nacional.
La dirigente centró su análisis en el borrador del proyecto de «libertad educativa» que circula en el Concejo de Mayo, el cual calificó como una iniciativa que pone «de cabeza» la Ley de Educación Nacional vigente. Para la representante gremial, esta normativa, que cumple dos décadas este año, fue virtuosa por colocar al Estado como el garante central del derecho a la educación, una centralidad que el nuevo proyecto libertario pretende desplazar hacia un rol puramente subsidiario.
Según explicó Donzelli, la propuesta oficial no promueve una verdadera libertad, sino que constituye una «deserción» y un abandono por parte del Estado nacional en su obligación de regular la política educativa. Al proponer que el Estado intervenga sólo en casos excepcionales, el proyecto deja la educación librada a los intereses y posibilidades particulares de las familias.
Asimismo, advirtió que esta lógica desvirtúa la educación como herramienta de inclusión social, soberanía e identidad nacional, profundizando las asimetrías existentes en una sociedad ya desigual y habilitando una «mercantilización» donde el acceso a la calidad educativa queda condicionado por el poder adquisitivo.
En el ámbito de las condiciones laborales, la titular de SADOP denunció que la reforma busca precarizar el trabajo docente mediante una mayor flexibilización en la construcción de proyectos educativos y en los procesos de contratación y despido. Donzelli subrayó que este retroceso beneficia a unos pocos y que no ha contado con la consulta ni el consenso de los trabajadores del sector. Destacó que el sistema educativo argentino posee fortalezas reconocidas internacionalmente que deberían ser actualizadas y mejoradas mediante el diálogo social, en lugar de ser desarticuladas por políticas que no garantizan una mejora real en la enseñanza.
La secretaria general también abordó la problemática de la violencia en las instituciones, un fenómeno que definió como social y no puramente escolar. La dirigente vinculó el aumento de la conflictividad y los desafíos en salud mental de los jóvenes con un clima de época caracterizado por discursos de odio y descalificación promovidos desde las máximas autoridades nacionales.
En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de una «corresponsabilidad» entre las familias, la escuela y los distintos niveles del Estado, señalando que el docente no puede resolver estas crisis de manera aislada y que es fundamental generar espacios de confianza y escucha para los jóvenes.
Finalmente, la representante gremial diferenció la gestión de estas problemáticas entre los distintos niveles de gobierno. Mientras criticó la «ausencia total» de la administración nacional en términos de paritarias, capacitación y el pago del FONID, valoró el compromiso de la provincia de Buenos Aires al convocar a los sindicatos para trabajar en redes de prevención y asesoramiento ante situaciones críticas.