En diálogo con Trama Educativa Adrián Giudice, secretario de Derechos Humanos y Cooperación de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), analizó la crítica realidad de las casas de estudio. Ante el congelamiento presupuestario y la licuación salarial, el sector docente ratificó un esquema de paros que afectará el normal dictado de clases durante todo el trimestre.
El sistema universitario público argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. Adrián Giudice, secretario de Derechos Humanos y Cooperación de ADUM, señaló que el Gobierno Nacional lleva 184 días incumpliendo de forma sistemática la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta parálisis en la transferencia de fondos, que según se intenta justificar bajo la premisa de evitar un déficit económico, representa una gravedad institucional inédita que afecta directamente el sostenimiento de las universidades y el salario de sus trabajadores.
Frente a este escenario, la comunidad educativa ha decidido profundizar las medidas de fuerza que ya se venían gestando desde marzo. El cronograma de paros para el mes de abril culminará con una semana sin actividades académicas a partir del lunes 27.
La situación se tornará aún más compleja en mayo, mes para el cual se prevé una marcha nacional masiva durante la segunda semana, seguida de tres semanas consecutivas sin actividad. De no mediar una respuesta oficial que garantice el cumplimiento de la ley, el plan de lucha contempla un cese total de actividades durante todo el mes de junio.
La crisis salarial es uno de los ejes centrales del reclamo. Giudice advirtió que existen docentes que cuentan con 7 años de ingresados como docentes pero sin antigüedad en otra institución, que perciben una garantía salarial de apenas 250.000 pesos, una cifra que ha quedado totalmente desfasada frente a una inflación que liquo los ingresos en casi un 100% en los últimos dos años. Según el secretario, la aplicación de la ley significaría un incremento inmediato del 50% en los haberes, lo que permitiría a muchos profesionales cubrir sus deudas.
Finalmente, el deterioro se hace evidente en la infraestructura y los servicios estudiantiles. La falta de actualización en las becas y la imposibilidad de mantener los edificios, pintan un cuadro de emergencia generalizada. Por ello, desde el gremio apelan al acompañamiento de toda la sociedad marplatense y nacional, entendiendo que la defensa de la universidad pública es fundamental para garantizar que los futuros profesionales del país se formen con los mejores estándares de calidad y bajo condiciones dignas.