La casa de altos estudios emitió un comunicado dirigido a la comunidad universitaria en el marco de la primera sesión de la nueva gestión del Consejo Superior. El comunicado comparte una visión crítica sobre las decisiones legislativas y políticas que impactan directamente en el futuro de la educación pública, la ciencia y los derechos laborales.
Este pronunciamiento, si bien celebra la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de mantener la Ley de Financiamiento Universitario, manifiesta una profunda inquietud ante la orientación general de las políticas nacionales, las cuales ponen en riesgo los cimientos esenciales del sistema universitario y del tejido social.
El documento advierte que el proyecto de Presupuesto Nacional trasciende lo técnico para manifestar una orientación política que aplica recortes innecesarios a las políticas públicas, favorece a sectores económicos concentrados y carga el costo del ajuste sobre la educación, la ciencia y la inclusión social. Por esta razón, el Consejo exhorta al Senado de la Nación a ratificar lo resuelto por Diputados en materia presupuestaria para estas leyes, a las que define como herramientas esenciales para la igualdad de oportunidades y cuyo vaciamiento sería una decisión política que profundiza la exclusión.
El comunicado señala que el desfinanciamiento de la ciencia no es abstracto, ya que amenaza concretamente las trayectorias de becarios, investigadores y jóvenes científicos, debilitando la soberanía cognitiva del país y desvalorizando el conocimiento. En paralelo, insta al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento vigente para garantizar salarios, investigación e inclusión, y solicita al Poder Judicial que se pronuncie con urgencia y favorablemente sobre el amparo presentado por el sistema universitario nacional para resguardar el derecho a la educación pública.
Asimismo, extiende su alerta al proyecto de reforma laboral en debate, al que considera otra cara del ajuste presupuestario. Entre los puntos más críticos de la reforma, destaca el cese del Convenio Colectivo de Trabajo, la eliminación de la negociación colectiva, la modificación del principio de ultraactividad y un ataque al financiamiento sindical y al derecho a huelga. Advierte que su sanción afectaría gravemente los derechos laborales y el normal funcionamiento de las universidades.
Frente a este panorama, el Consejo plantea la necesidad de un debate nacional serio para incorporar al trabajo registrado a millones de personas en la informalidad, pero rechaza que la solución pase por la supresión de derechos o la precarización. Finalmente, ratificó su compromiso inquebrantable con la Democracia, los derechos humanos y la Constitución Nacional, y convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad toda a visibilizar el papel crucial de la universidad en el desarrollo y progreso de la nación.