Este martes, organizaciones marplatenses de discapacidad, familiares, prestadores de servicios y colectivos autoconvocados se manifestaron en las puertas del Palacio Municipal de General Pueyrredon en repudio al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La normativa, aprobada por el Congreso con amplio respaldo, buscaba declarar la emergencia hasta 2026, crear una pensión no contributiva compatible con el empleo formal y establecer actualizaciones automáticas para aranceles y compensaciones a prestadores. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal rondaría los 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contar el programa Incluir Salud.
El rechazo no se hizo esperar: desde distintos puntos del país, las organizaciones señalaron que el veto profundiza la exclusión y el abandono del Estado hacia uno de los sectores más vulnerados de la sociedad. En Mar del Plata, el reclamo se expresó en una movilización que denunció la falta de políticas públicas y la precarización creciente de los derechos adquiridos.
“Los números no mueven el amperímetro del presupuesto nacional. Vetar la ley no responde a una cuestión económica, sino a una demostración de fuerza frente a los sectores más vulnerables. Es un acto de crueldad que apunta a disciplinar a la sociedad” expresó Juan Carlos, referente de la Asociación por los Derechos Humanos (APDH) local y participante de la movilización.
Además del rechazo al veto, los reclamos locales hicieron foco en la ausencia de una política integral en materia de discapacidad: la falta de accesibilidad en el transporte público, el deterioro de las veredas y la inexistencia de una Secretaría específica en el organigrama municipal.
“Si querés saber la calidad democrática de un país, mirá cómo viven las personas con discapacidad”, sintetizó Juan Carlos.