Más de 50 mil personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas que la Cámara de Diputados realizará el 25 y 26 de marzo, en el marco del debate del proyecto que modifica la Ley de Glaciares, y que cuenta con media sanción del Senado.
El Senado de la Nación aprobó, a fines de febrero, cambios a la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, una norma emblemática que desde 2010 protege estas formaciones como reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
En ese marco, más de 50 mil personas se inscribieron a las audiencias públicas que la Cámara de Diputados realizará el 25 y 26 de marzo. Según detallaron, ante la masiva convocatoria, se invitará a participar a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción -con representantes de todo el país-, de forma presencial el miércoles 25 y virtual el jueves 26.
El registro permanecerá habilitado hasta el próximo viernes a las 20, por ende, quienes se encuentren inscriptos podrán hacer llegar sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video, de no más de 5 minutos de duración, a la “Comunidad” del canal oficial de Youtube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. De esta manera, solo podrán exponer unos 200 de los 50 mil inscriptos, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o a través de un video.
Frente a esto, desde distintas organizaciones ambientales mostraron disconformidad por la modalidad de las audiencias: “Las autoridades de las comisiones, de forma arbitraria, pretenden limitar la participación y dejar afuera a miles de personas inscriptas. Todas las personas registradas tienen derecho a hablar y ser escuchadas. Las comisiones pueden ordenar el desarrollo de la audiencia, pero no decidir quién puede participar y quién no”, expresaron en un comunicado conjunto.
Por otro lado, organizaron una mesa de expertas que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo a las 18 en la Facultad de Derecho de la UBA “para entender qué está en juego en la discusión sobre el proyecto de reforma”. La misma es convocada por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Círculo de Políticas Ambientales y Greenpeace Argentina.
Qué establece la reforma a la Ley de Glaciares
La reforma impulsada por el gobierno nacional busca redefinir el alcance de las zonas protegidas por la Ley de Glaciares, introduciendo criterios técnicos basados en la “función hidrológica” para determinar qué áreas merecen protección. Esto implica que no todos los glaciares ni ambientes periglaciales quedarían automáticamente resguardados; las provincias podrán decidir cuáles de esos espacios cumplen con condiciones de relevancia hídrica y, en consecuencia, cuáles pueden ser abiertos a actividades productivas como la minería o la exploración de hidrocarburos.
Según defensores de la reforma, esta actualización respondería a supuestas interpretaciones arbitrarias de la norma vigente que habrían “frenado inversiones” en proyectos clave de minerales como cobre y litio, considerados estratégicos para la transición energética global. Además, se argumenta que la nueva regulación otorga mayor claridad jurídica y flexibiliza la gestión ambiental para fomentar el desarrollo regional.
Por su parte, organizaciones ambientalistas, científicos y sectores de la sociedad advirtieron que la reforma debilita las garantías ambientales y pone en riesgo el acceso al agua para futuras generaciones. Además, sostienen que ceder la definición de protección a criterios provinciales podría resultar en un mosaico de normas dispares, dependiendo de los intereses económicos locales.
La Ley de Glaciares fue un hito en la legislación ambiental argentina: estableció la protección de todos los glaciares y ambientes periglaciales del país como reservas estratégicas de recursos hídricos y prohibió la minería, hidrocarburos y otros proyectos que pudieran alterar estas áreas sin una evaluación de impacto ambiental adecuada.