La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de las universidades públicas, desestimando un recurso del gobierno nacional y reafirmando la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta sentencia exige al Poder Ejecutivo implementar de forma inmediata la actualización de los salarios para el personal docente y no docente, además de reforzar las becas estudiantiles. El tribunal, compuesto por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, ratificó la medida cautelar que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había obtenido en diciembre mediante un amparo.
La Justicia fundamentó la legitimidad de la norma en que el Congreso de la Nación, tras el veto total del Poder Ejecutivo, la confirmó con el apoyo de dos tercios de los votos de ambas cámaras. Asimismo, los jueces calificaron de “poco serios” los argumentos oficiales presentados para el incumplimiento de la ley, dictaminando que suspender su vigencia mediante un decreto es una medida ilegítima.
En consecuencia, el fallo obliga al Gobierno a garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial, en respuesta a un reclamo que había generado la paralización de diversas facultades.
Las autoridades académicas precisaron que la sentencia también abarca los programas de investigación, y las funciones de salud y extensión de todo el sistema universitario nacional. “Una excelente noticia para la comunidad universitaria del país, especialmente valiosa en el contexto tan delicado que estamos atravesando”, expresaron desde el CIN.
Por su parte, desde Casa Rosada argumentan que la ley no especifica las fuentes de financiamiento, y que su aplicación generaría un impacto fiscal significativo en las cuentas públicas. Sin embargo, los camaristas enfatizaron que el Ejecutivo no está facultado para suspender una ley del Congreso amparándose en normas de administración financiera de igual o menor jerarquía normativa.
La Cámara concluyó que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario no solo perjudica el interés público, sino que afecta directamente “el derecho a enseñar y aprender” en el ámbito universitario. Este fallo marca el inicio de una etapa crucial de definiciones presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento de las universidades en el ciclo lectivo.