El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó firme la medida cautelar presentada por el CIN y ordenó al gobierno nacional recomponer las partidas de becas y los salarios del sector universitario en un plazo de cinco días. Ante la falta de respuestas paritarias, los gremios iniciaron un plan de lucha de un mes que desembocará en la quinta Marcha Federal Universitaria.
El conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas sumó un capítulo determinante. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dio lugar a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) e intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo de cinco días, “bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multas económicas) por cada día de demora”.
El fallo exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, los cuales establecen la recomposición de las partidas para los programas de becas estudiantiles y la actualización de las escalas salariales del personal docente y nodocente desde el 1 de diciembre de 2023. La demanda central de los gremios apunta a recuperar el 32,5% de poder adquisitivo perdido durante los primeros años de la gestión de Javier Milei.
La disputa legal cuenta con un extenso recorrido. Cormick había dictado la cautelar original en diciembre de 2025 tras un amparo colectivo impulsado por el CIN, con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo buscó condicionar la aplicación de la norma a la asignación de fuentes específicas de financiamiento.
Posteriormente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida al señalar que el Estado nacional no logró desvirtuar la validez del reclamo y que postergar la aplicación de la ley genera un deterioro salarial grave que vulnera el derecho a enseñar y aprender.
Tras el rechazo a las recusaciones planteadas por el gobierno nacional contra los jueces del fuero, el pasado 25 de junio la Corte Suprema de Justicia -con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- desestimó un recurso extraordinario del Ejecutivo, dejando firme la cautelar.
El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios firmaron un acta que contempló un incremento salarial del 24,33%, subas en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales universitarios, además de un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
A pesar de que el Ejecutivo sostuvo que dicho acuerdo daba por cumplidos los requerimientos de la ley, desde las universidades nacionales aclararon que el convenio fue solo “una gota en medio del océano de incumplimientos” y ratificaron que no implicaba el abandono del proceso judicial. En consecuencia, el 1 de septiembre el juez Cormick rechazó la solicitud del Gobierno para levantar la cautelar, argumentando que persisten los perjuicios de difícil reparación sobre los ingresos de la comunidad universitaria.
Este nuevo fallo judicial coincide con el desarrollo de un nuevo plan de lucha sindical, tras el fracaso de la negociación paritaria del 17 de septiembre, donde la Secretaría de Educación reiteró una oferta del 3% para septiembre y 3% para octubre, rechazada por unanimidad por todos los sindicatos.
Como punto culminante del plan de lucha conjunto del Frente Sindical Universitario, el próximo 15 de octubre se llevará a cabo la 5° Marcha Federal Universitaria.