En octubre del 2025, un mes después de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Jesica Machado, presidenta de prestadores unidos, la describió como una gran curita. Casi un año después de esta sanción, Machado aseguró que esa curita ya no está y que la situación en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad es preocupante.
En diálogo con Trama Educativa, la referente del sector advirtió que del articulado original de la normativa solo se cumple un punto: las actualizaciones mensuales atadas a la inflación. Sin embargo, denunció que esto no logra compensar el histórico desfase económico del sector ni fomentar nuevas políticas de inclusión. «En seis meses el aumento fue solo 3.000 pesos. Ese es el único punto que se está cumpliendo», graficó Machado.
El impacto de este desfinanciamiento ya golpea de lleno a la ciudad. A diferencia de lo que ocurría el año pasado, cuando los centros locales lograban sostenerse, Machado alertó sobre el inminente riesgo de cierre que enfrentan estos espacios. “Hay posibilidades reales de que cierre, por ejemplo, Chadim, una institución que hace 35 años que está trabajando”, detalló.
La misma suerte corre el Hogar de la Gruta, que alberga a pacientes con discapacidades severas y «está recibiendo un monto tan pequeño que no llega ni siquiera a cubrir una de las comidas que hacen esos residentes».
A la crisis institucional se le suma la fuga de recursos humanos. Según expuso la presidenta de Prestadores Unidos, uno de cada cuatro trabajadores está abandonando el sistema de discapacidad ante la imposibilidad de sostenerlo económicamente. Frente a un municipio con una salud pública a la que calificó como «completamente deficitaria» y sin dispositivos específicos para el área, la interrupción de los tratamientos en el ámbito privado deja a los pacientes sin alternativas.
Para Machado, el escenario actual responde a una política impulsada a nivel nacional, agravada por la virtual desaparición de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el freno de 200.000 pensiones tramitadas. «Parece que el objetivo de todo esto que está pasando es el desgaste del sistema, el colapso, y que realmente puedan obtener terapias quienes las puedan pagar en privado», sentenció.
Frente a este panorama, que definió estrictamente como una vulneración a los Derechos Humanos, adelantó que las organizaciones del sector se reunirán en los próximos días para definir nuevas medidas de fuerza e instó a la comunidad a acompañar el reclamo en las calles.