La universidad pública argentina atraviesa un escenario de extrema fragilidad que trasciende lo estrictamente salarial para convertirse en una disputa por la supervivencia del sistema educativo y científico nacional.
A partir de las definiciones alcanzadas en el Congreso Extraordinario de CONADU, la docencia universitaria consolidó un plan de lucha que tiene como principal horizonte una movilización federal masiva para el próximo 23 de abril. Este cronograma de protesta no es un hecho aislado, sino la respuesta gremial ante lo que Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, describe como una amenaza directa por parte del Gobierno nacional, que insiste en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La urgencia del reclamo se apoya en datos que retratan un panorama crítico para los trabajadores del sector: un 70% de los docentes percibe salarios congelados hace un año que se sitúan en los 250.000 pesos.
Chevalier enfatiza que, si bien la docencia es un trabajo que despierta pasiones y que aman realizar, la situación actual se ha vuelto sencillamente insostenible bajo las condiciones económicas vigentes.
En este sentido, la dirigente delimita responsabilidades de manera tajante al señalar que cada jornada de clase que no puede desarrollarse con normalidad recae exclusivamente sobre la gestión nacional, a la que acusa de buscar el exterminio del sistema universitario tal como se conoce.
La batalla también se libra en el terreno legislativo, donde la incertidumbre crece ante la presentación del proyecto de ley por parte del Ejecutivo que amenaza con destruir el espíritu de la actual Ley de Financiamiento. Esta nueva Ley, ignora los incrementos necesarios para infraestructura y no contempla la actualización salarial real acumulada.
Para contrarrestar este avance y dialogar con la comunidad el gremio, en el cronograma de actividades, propuso la instalación de una «Carpa por la Universidad y la Soberanía» en todo el territorio nacional, buscando que el conflicto sea comprendido por la sociedad como una cuestión de soberanía nacional.
El plan de lucha continuará con paros escalonados durante los meses de marzo y abril, cuya continuidad será evaluada por los plenarios de base según la evolución del conflicto.