Prestadores Unidos Mar del Plata convoca a instituciones, personas con discapacidad, familias, transporte y a toda la comunidad a manifestarse frente a la Municipalidad de General Pueyrredon. La concentración será este jueves 4 de septiembre a las 11 para visibilizar la crisis del sector y exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei contra la ley que declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Para revertirlo finalmente, el Congreso necesita reunir dos tercios en el Senado, que podría tratarlo este mismo jueves.
En ese marco, Prestadores Unidos MDP convoca a instituciones, personas con discapacidad, familias, transporte y a toda la comunidad a manifestarse este jueves 4 de septiembre a las 11 frente a la Municipalidad de General Pueyrredon. El objetivo es visibilizar la crisis del sector y exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“La discapacidad en Argentina atraviesa una crisis histórica. En los últimos meses, más de 110.000 pensiones no contributivas fueron dadas de baja a partir de auditorías realizadas de manera irregular, sin garantías, sin instancias de defensa y dejando a familias enteras en la desprotección absoluta. Esto no es un error administrativo: es una decisión política que desconoce la obligación del Estado de garantizar derechos”, afirmaron desde el espacio.
A su vez, se refirieron a la situación que atraviesan las y los trabajadores del sector: “Pagos retrasados, honorarios congelados y condiciones de trabajo insostenibles. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue pensada justamente para poner un freno a esta situación crítica y garantizar que las personas con discapacidad accedan a los apoyos, servicios y prestaciones que necesitan, en un marco de respeto a la labor de quienes sostienen el sistema día a día”.
Por otra parte, se refirieron a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): “Las denuncias muestran que el problema no es la falta de fondos, sino su mal uso sistemático. Mientras se recortan derechos y prestaciones, se desvían recursos que deberían garantizar la vida y la atención de las personas con discapacidad, dejando al sistema en riesgo y profundizando la crisis para quienes dependen de él diariamente”.
Finalmente, sentenciaron: “El Senado tiene hoy en sus manos una decisión histórica. Vetar esta ley sería avalar la desprotección, la corrupción y la exclusión. Acompañarla es cumplir con la constitución, con los tratados internacionales y, sobre todo, con la responsabilidad ética de representar al pueblo”.